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Legislación de patrimonio histórico

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Legislacion

 

 

 

Índice de la página

La Constitución

Legislación nacional

 

 

 

Legislación autonómica (Región de Murcia)

 

 


La Constitución

Artículos 139 y 149

 


Legislación nacional

Ley 16/85 de 25 de junio de Patrimonio histórico
 

PREÁMBULO

El Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea. La protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos, según el mandato que a los mismos dirige el artículo 46 de la norma constitucional (RCL_1978\2836 y ApNDL 1975-85, 2875).
Exigencias, que en el primer tercio del siglo constituyeron para el legislador un mandato similar, fueron ejemplarmente cumplidas por los protagonistas de nuestra mejor tradición intelectual, jurídica y democrática, como es buena muestra el positivo legado recibido de la Ley de 13 de mayo de 1933 (RCL_1933\729 y NDL 23163). Pese a este reconocimiento, lo cierto es que la recuperación por nuestro pueblo de su libertad determinó que, desde los primeros momentos en que tan feliz proceso histórico se consumó, se emprendiera la tarea de elaborar una nueva y más amplia respuesta legal a tales exigencias, un verdadero código de nuestro Patrimonio Histórico, en el que los proyectos de futuro se conformaran a partir de las experiencias acumuladas.

Su necesidad fue sentida, en primer término, a causa de la dispersión normativa que, a lo largo del medio siglo transcurrido desde la entrada en vigor de la venerable Ley, ha producido en nuestro ordenamiento jurídico multitud de fórmulas con que quisieron afrontarse situaciones concretas en aquel momento no previstas o inexistentes. Deriva asimismo esta obligación de la creciente preocupación sobre esta materia por parte de la comunidad internacional y de sus organismos representativos, la cual ha generado nuevos criterios para la protección y enriquecimiento de los bienes históricos y culturales, que se han traducido en Convenciones y Recomendaciones, que España ha suscrito y observa, pero a las que su legislación interna no se adaptaba. La revisión legal queda, por último, impuesta por una nueva distribución de competencias entre el Estado y Comunidades Autónomas que, en relación a tales bienes, emana de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. La presente Ley es dictada, en consecuencia, en virtud de normas contenidas en los apartados 1 y 2 del artículo 149 de nuestra Constitución (RCL_1978\2836 y ApNDL 1975-85, 2875), que para el legislador y la Administración estatal suponen tanto un mandato como un título competencial.
Esta Ley consagra una nueva definición de Patrimonio Histórico y amplía notablemente su extensión. En ella quedan comprendidos los bienes muebles e inmuebles que los constituyen, el Patrimonio Arqueológico y el Etnográfico, los Museos, Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal, así como el Patrimonio Documental y Bibliográfico. Busca, en suma, asegurar la protección y fomentar la cultura material debida a la acción del hombre en sentido amplio, y concibe aquélla como un conjunto de bienes que en sí mismos han de ser apreciados, sin establecer limitaciones derivadas de su propiedad, uso, antigüedad o valor económico.
Ello no supone que las medidas de protección y fomento se desplieguen de modo uniforme sobre la totalidad de los bienes que se consideran integrantes, en virtud de la Ley, de nuestro Patrimonio Histórico. La Ley establece distintos niveles de protección que se corresponden con diferentes categorías legales. La más genérica y que da nombre a la propia Ley es la de Patrimonio Histórico Español, constituido éste por todos aquellos bienes de valor histórico, artístico, científico o técnico que conforman la aportación de España a la cultura universal. En torno a ese concepto se estructuran las medidas esenciales de la Ley y se precisan las técnicas de intervención que son competencia de la Administración del Estado, en particular su defensa contra la exportación ilícita y su protección frente a la expoliación.
En el seno del Patrimonio Histórico Español, y al objeto de otorgar una mayor protección y tutela, adquiere un valor singular la categoría de Bienes de Interés Cultural, que se extiende a los muebles e inmuebles de aquel Patrimonio que, de forma más palmaria, requieran tal protección. Semejante categoría implica medidas asimismo singulares que la Ley establece según la naturaleza de los bienes sobre los cuales recae.
La Ley dispone también las fórmulas necesarias para que esa valoración sea posible, pues la defensa del Patrimonio Histórico de un pueblo no debe realizarse exclusivamente a través de normas que prohíban determinadas acciones o limiten ciertos usos, sino a partir de disposiciones que estimulen a su conservación y, en consecuencia, permitan su disfrute y faciliten su acrecentamiento.
Así la Ley estipula un conjunto de medidas tributarias y fiscales y abre determinados cauces nuevos que colocan a España en un horizonte similar al que ahora se contempla en países próximos al nuestro por su historia y su cultura y, en consecuencia, por su acervo patrimonial. De esa forma se impulsa una política adecuada para gestionar con eficacia el Patrimonio Histórico Español. Una política que complemente la acción vigilante con el estímulo educativo, técnico y financiero, en el convencimiento de que el Patrimonio Histórico se acrecienta y se defiende mejor cuanto más lo estiman las personas que conviven con él, pero también cuantas más ayudas se establezcan para atenderlo, con las lógicas contraprestaciones hacia la sociedad cuando son los poderes públicos quienes facilitan aquéllas.
El Patrimonio Histórico Español es una riqueza colectiva que contiene las expresiones más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura universal. Su valor lo proporciona la estima que, como elemento de identidad cultural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos. Porque los bienes que lo integran se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la acción social que cumplen, directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido revalorizando.

En consecuencia, y como objetivo último, la Ley no busca sino el acceso a los bienes que constituyen nuestro Patrimonio Histórico. Todas las medidas de protección y fomento que la Ley establece sólo cobran sentido si, al final, conducen a que un número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. Porque en un Estado democrático estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la cultura y que ésta, en definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los pueblos.

TITULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales

Artículo 1. 1. Son objeto de la presente Ley la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español.
2. Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico.
3. Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser inventariados o declarados de interés cultural en los términos previstos en esta Ley.

Artículo 2. 1. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a los demás poderes públicos, son deberes y atribuciones esenciales de la Administración del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 46 y 44, 149.1.1, y 149.2 de la Constitución (RCL_1978\2836 y ApNDL 1975-85, 2875), garantizar la conservación del Patrimonio Histórico Español, así como promover el enriquecimiento del mismo y fomentar y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en él. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1, 28, de la Constitución, la Administración del Estado protegerá dichos bienes frente a la exportación ilícita y la expoliación.
2. En relación al Patrimonio Histórico Español, la Administración del Estado adoptará las medidas necesarias para facilitar su colaboración con los restantes poderes públicos y la de éstos entre sí, así como para recabar y proporcionar cuanta información fuera precisa a los fines señalados en el párrafo anterior.
3. A la Administración del Estado compete igualmente la difusión internacional del conocimiento de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, la recuperación de tales bienes cuando hubiesen sido ilícitamente exportados y el intercambio, respecto a los mismos, de información cultural, técnica y científica con los demás Estados y con los Organismos internacionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1, número 3, de la Constitución. Las demás Administraciones competentes colaborarán a estos efectos con la Administración del Estado.

Artículo 3. 1. La comunicación y el intercambio de programas de actuación e información relativos al Patrimonio Histórico Español serán facilitados por el Consejo del Patrimonio Histórico, constituido por un representante de cada Comunidad Autónoma, designado por su Consejo de Gobierno, y el Director General correspondiente de la Administración del Estado, que actuará como Presidente.
2. Sin perjuicio de las funciones atribuidas al Consejo del Patrimonio Histórico, son instituciones consultivas de la Administración del Estado, a los efectos previstos en la presente Ley, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, las Reales Academias, las Universidades españolas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las Juntas Superiores que la Administración del Estado determine por vía reglamentaria, y en lo que pueda afectar a una Comunidad Autónoma, las instituciones por ella reconocidas. Todo ello con independencia del asesoramiento que, en su caso, pueda recabarse de otros organismos profesionales y entidades culturales.
 

Artículo 4. A los efectos de la presente Ley se entiende por expoliación toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español, o perturbe el cumplimiento de su función social. En tales casos la Administración del Estado, con independencia de las competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas, en cualquier momento, podrá interesar del Departamento competente de Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente la adopción con urgencia de las medidas conducentes a evitar la expoliación. Si se desatendiere el requerimiento, la Administración del Estado dispondrá lo necesario para la recuperación y protección, tanto legal como técnica, del bien expoliado.

Artículo 5. 1. A los efectos de la presente Ley se entiende por exportación la salida del territorio español de cualquiera de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español.
2. Los propietarios o poseedores de tales bienes con más de cien años de antigüedad y, en todo caso, de los inscritos en el Inventario General previsto en el artículo 26 de esta Ley precisarán para su exportación autorización expresa previa de la Administración del Estado en la forma y condiciones que es establezcan por vía reglamentaria.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y sin perjuicio de lo que establecen los artículo 31 y 34 de esta Ley, queda prohibida la exportación de los bienes declarados de interés cultural, así como la de aquellos otros que, por su pertenencia al Patrimonio Histórico Español, la Administración del Estado, declare expresamente inexportables, como medida cautelar hasta que se incoe expediente para incluir el bien en alguna de las categorías de protección especial previstas en esta Ley.

Artículo 6. A los efectos de la presente Ley se entenderá como Organismos competentes para su ejecución:
a) Los que en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del patrimonio histórico.
b) Los de la Administración del Estado, cuando así se indique de modo expreso o resulte necesaria su intervención para la defensa frente a la exportación ilícita y la expoliación de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español. Estos Organismos serán también los competentes respecto de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional.

Artículo 7. Los Ayuntamientos cooperarán con los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en su término municipal, adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Notificarán a la Administración competente cualquier amenaza, daño o perturbación de su función social que tales bienes sufran, así como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de estos bienes. Ejercerán asimismo las demás funciones que tengan expresamente atribuidas en virtud de esta Ley.

Artículo 8. 1 Las -personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien integrante del Patrimonio Histórico Español deberán, en el menor tiempo posible, ponerlo en conocimiento de la Administración competente, quien comprobará el objeto de la denuncia y actuará con arreglo a lo que en esta Ley se dispone.
2. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos el cumplimiento de lo previsto en esta Ley para la defensa de lo bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español.

TITULO PRIMERO
De la declaración de Bienes de Interés Cultural

Artículo 9. 1. Gozarán de singular protección y tutela los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español declarados de interés cultural por ministerio de esta Ley o mediante Real Decreto de forma individualizada.

2. La declaración mediante Real Decreto requerirá la previa incoación y tramitación de expediente administrativo por el Organismo competente, según lo dispuesto en el artículo 6.º de esta Ley. En el expediente deberá constar informe favorable de alguna de las Instituciones consultivas señaladas en el artículo 3.º, párrafo 2.º, vr o que tengan reconocido idéntico carácter en el ámbito de una Comunidad Autónoma. Transcurridos tres meses desde la solicitud del informe sin que éste hubiera sido emitido, se entenderá que el dictamen requerido es favorable a la declaración de interés cultural. Cuando el expediente se refiera a bienes inmuebles se dispondrá, además, la apertura de un período de información pública y se dará audiencia al Ayuntamiento interesado.
3. El expediente deberá resolverse en el plazo máximo de veinte meses a partir de la fecha en que hubiere sido incoado. La caducidad del expediente se producirá transcurrido dicho plazo si se ha denunciado la mora y siempre que no haya recaído resolución en los cuatro meses siguientes a la denuncia. Caducado el expediente no podrá volver a iniciarse en los tres años siguientes, salvo a instancia del titular.
4. No podrá ser declarada Bien de Interés Cultural la obra de un autor vivo, salvo si existe autorización expresa de su propietario o media su adquisición por la Administración.
5. De oficio o a instancia del titular de un interés legítimo y directo, podrá tramitarse por el Organismo competente expediente administrativo, que deberá contener el informe favorable y razonado de alguna de las instituciones consultivas, a fin de que se acuerde mediante Real Decreto que la declaración de un determinado Bien de Interés Cultural quede sin efecto.

Artículo 10. Cualquier persona podrá solicitar la incoación de expediente para la declaración de un Bien de Interés Cultural. El Organismo competente decidirá si procede la incoación. Esta decisión y, en su caso, las incidencias y resolución del expediente deberán notificarse a quienes lo instaron.

 Artículo 11. 1. La incoación de expediente para la declaración de un Bien de Interés Cultural determinará, en relación al bien afectado, la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto para los bienes declarados de interés cultural.
2. La resolución del expediente que declare un Bien de Interés Cultural deberá describirlo claramente. En el supuesto de inmuebles, delimitará el entorno afectado por la declaración y, en su caso, se definirán y enumerarán las partes integrantes, las pertenencias y los accesorios comprendidos en la declaración.

Artículo 12. 1. Los bienes declarados de interés cultural serán inscritos en un Registro General dependiente de la Administración del Estado cuya organización y funcionamiento se determinarán por vía reglamentaria. A este Registro se notificará la incoación de dichos expedientes, que causarán la correspondiente anotación preventiva hasta que recaiga resolución definitiva.
2. En el caso de bienes inmuebles la inscripción se hará por alguno de los conceptos mencionados en el artículo 14.2.
3. Cuando se trate de Monumentos y Jardines Históricos la Administración competente además instará de oficio la inscripción gratuita de la declaración en el Registro de la Propiedad.

Artículo 13. 1. A los bienes declarados de interés cultural se les expedirá por el Registro General un Título oficial que les identifique y en el que se reflejarán todos los actos jurídicos o artísticos que sobre ellos se realicen. Las transmisiones o traslados de dichos bienes se inscribirán en el Registro. Reglamentariamente se establecerá la forma y caracteres de este Título.
2. Asimismo, los propietarios y, en su caso, los titulares de derechos reales sobre tales bienes, o quienes los posean por cualquier título, están obligados a permitir y facilitar su inspección por parte de los Organismos competentes, su estudio a los investigadores, previa solicitud razonada de éstos, y su visita pública, en las condiciones de gratuidad que se determinen reglamentariamente, al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados. El cumplimiento de esta última obligación podrá ser dispensado total o parcialmente por la Administración competente cuando medie causa justificada. En el caso de bienes muebles se podrá igualmente acordar como obligación sustitutoria el depósito del bien en un lugar que reúna las adecuadas condiciones de seguridad y exhibición durante un período máximo de cinco meses cada dos años.
 

TITULO II
De los bienes inmuebles

Artículo 14. 1. Para los efectos de esta Ley tienen la consideración de bienes inmuebles, además de los enumerados en el artículo 334 del Código Civil, cuantos elementos puedan considerarse consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o de su exorno, o lo hayan formado, aunque en el caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a otras construcciones o a usos distintos del suyo original, cualquiera que sea la materia de que estén formados y aunque su separación no perjudique visiblemente al mérito histórico o artístico del inmueble al que están adheridos.
2. Los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico Español pueden ser declarados Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos, así como Zonas Arqueológicas, todos ellos como Bienes de Interés Cultural.

Artículo 15. 1. Son Monumentos aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal siempre que tengan interés histórico, artístico, científico o social.
2. Jardín Histórico es el espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de elementos naturales, a veces complementado con estructuras de fábrica, y estimado de interés en función de su origen o pasado histórico o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos.
3. Conjunto Histórico es la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad. Asimismo es Conjunto Histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas características y pueda ser claramente delimitado.
4. Sitio Histórico es el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras del hombre, que posean valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico.
5. Zona Arqueológica es el lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas territoriales españolas.

Artículo 16. 1. La incoación de expediente de declaración de interés cultural respecto de un bien inmueble determinará la suspensión de las correspondientes licencias municipales de parcelación, edificación o demolición en las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas. Las obras que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse con carácter inaplazable en tales zonas precisarán en todo caso, autorización de los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley.
2. La suspensión a que hace referencia el apartado anterior dependerá de la resolución o caducidad del expediente incoado.

Artículo 17. En la tramitación del expediente de declaración como Bien de Interés Cultural de un Conjunto Histórico deberán considerarse sus relaciones con el área territorial a que pertenece, así como la protección de los accidentes geográficos y parajes naturales que conforman su entorno.

Artículo 18. Un inmueble declarado Bien de Interés Cultural es inseparable de su entorno. No se podrá proceder a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor o de interés social y, en todo caso, conforme al procedimiento previsto en el artículo 9.º, párrafo 2.º, de esta Ley.
 

 Artículo 19. 1. En los Monumentos declarados Bienes de Interés Cultural no podrá realizarse obra interior o exterior que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias sin autorización expresa de los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley. Será preceptiva la misma autorización para colocar en fachadas o en cubiertas cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, así como para realizar obras en el entorno afectado por la declaración.
2. Las obras que afecten a los Jardines Históricos declarados de interés cultural y a su entorno, así como la colocación en ellos de cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, necesitarán autorización expresa de los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley.
3. Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de cables, antenas y conducciones aparentes en los Jardines Históricos y en las fachadas y cubiertas de los Monumentos declarados de interés cultural. Se prohíbe también toda construcción que altere el carácter de los inmuebles a que hace referencia este artículo o perturbe su contemplación.

Artículo 20. 1. La declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica, como Bienes de Interés Cultural, determinará la obligación para el Municipio o Municipios en que se encontraren de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla en todo caso las exigencias en esta Ley establecidas. La aprobación de dicho Plan requerirá el informe favorable de la Administración competente para la protección de los bienes culturales afectados. Se entenderá emitido informe favorable transcurridos tres meses desde la presentación del Plan. La obligatoriedad de dicho Plan no podrá excusarse en la preexistencia de otro planeamiento contradictorio con la protección, ni en la inexistencia previa del planeamiento general.
2. El Plan a que se refiere el apartado anterior establecerá para todos los usos públicos el orden prioritario de su instalación en los edificios y espacios que sean aptos para ello. Igualmente contemplará las posibles áreas de rehabilitación integrada que permitan la recuperación del área residencial y de las actividades económicas adecuadas. También deberá contener los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las mismas.
 3. Hasta la aprobación definitiva de dicho Plan el otorgamiento de licencias o la ejecución de las otorgadas antes de incoarse el expediente declarativo del Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica, precisará resolución favorable de la Administración competente para la protección de los bienes afectados y, en todo caso, no se permitirán alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones.
4. Desde la aprobación definitiva del Plan a que se refiere este artículo, los Ayuntamientos interesados serán competentes para autorizar directamente las obras que desarrollen el planeamiento aprobado y que afecten únicamente a inmuebles que no sean Monumentos ni Jardines Históricos ni estén comprendidos en su entorno, debiendo dar cuenta a la Administración competente para la ejecución de esta Ley de las autorizaciones o licencias concedidas en el plazo máximo de diez días desde su otorgamiento. Las obras que se realicen al amparo de licencias contrarias al Plan aprobado serán ilegales y la Administración competente podrá ordenar su reconstrucción o demolición con cargo al Organismo que hubiera otorgado la licencia en cuestión, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística sobre las responsabilidades por infracciones.

Artículo 21. 1. En los instrumentos de planeamiento relativos a Conjuntos Históricos se realizará la catalogación, según lo dispuesto en la legislación urbanística, de los elementos unitarios que conforman el Conjunto, tanto inmuebles edificados como espacios libres exteriores o interiores, u otras estructuras significativas, así como de los componentes naturales que lo acompañan, definiendo los tipos de intervención posible. A los elementos singulares se les dispensará una protección integral. Para el resto de los elementos se fijará, en cada caso, un nivel adecuado de protección.
2. Excepcionalmente, el Plan de protección de un Conjunto Histórico podrá permitir remodelaciones urbanas, pero sólo en caso de que impliquen una mejora de sus relaciones con el entorno territorial o urbano o eviten los usos degradantes para el propio Conjunto.

3. La conservación de los Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés Cultural comporta el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así como de las características generales de su ambiente. Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales, y sólo podrán realizarse en la medida en que contribuyan a la conservación general del carácter del Conjunto. En todo caso, se mantendrán las alineaciones urbanas existentes.

Artículo 22. 1. Cualquier obra o remoción de terreno que se proyecte realizar en un Sitio Histórico o en una Zona Arqueológica declarados Bien de Interés Cultural deberá ser autorizada por la Administración competente para la protección de dichos bienes, que podrá, antes de otorgar la autorización, ordenar la realización de prospecciones y, en su caso, excavaciones arqueológicas, de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la presente Ley.
2. Queda prohibida la colocación de cualquier clase de publicidad comercial, así como de cables, antenas y conducciones aparentes en las Zonas Arqueológicas.

Artículo 23. 1. No podrán otorgarse licencias para la realización de obras que, conforme a lo previsto en la presente Ley, requieran cualquier autorización administrativa hasta que ésta haya sido concedida.
2. Las obras realizadas sin cumplir lo establecido en el apartado anterior serán ilegales y los Ayuntamientos o, en su caso, la Administración competente en materia de protección del Patrimonio Histórico Español podrán ordenar su reconstrucción o demolición con cargo al responsable de la infracción en los términos previstos por la legislación urbanística.

Artículo 24. 1. Si a pesar de lo dispuesto en el artículo 36, llegara a incoarse expediente de ruina de algún inmueble afectado por expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, la Administración competente para la ejecución de esta Ley estará legitimada para intervenir como interesado en dicho expediente, debiéndole ser notificada la apertura y las resoluciones que en el mismo se adopten.
2. En ningún caso podrá procederse a la demolición de un inmueble, sin previa firmeza de la declaración de ruina y autorización de la Administración competente, que no la concederá sin informe favorable de al menos dos de las instituciones consultivas a las que se refiere el artículo 3.
3. Si existiera urgencia y peligro inminente, la entidad que hubiera incoado expediente de ruina deberá ordenar las medidas necesarias para evitar daños a las personas. Las obras que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse no darán lugar a actos de demolición que no sean estrictamente necesarios para la conservación del inmueble y requerirán en todo caso la autorización prevista en el artículo 16.1, debiéndose prever además en su caso la reposición de los elementos retirados.

Artículo 25. El Organismo competente podrá ordenar la suspensión de las obras de demolición total o parcial o de cambio de uso de los inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico Español no declarados de interés cultural. Dicha suspensión podrá durar un máximo de seis meses, dentro de los cuales la Administración competente en materia de urbanismo deberá resolver sobre la procedencia de la aprobación inicial de un plan especial o de otras medidas de protección de las previstas en la legislación urbanística. Esta resolución, que deberá ser comunicada al Organismo que hubiera ordenado la suspensión, no impedirá el ejercicio de la potestad prevista en el artículo 37.2.

TITULO III
De los bienes muebles

Artículo 26. 1. La Administración del Estado, en colaboración con las demás Administraciones competentes, confeccionará el Inventario General de aquellos bienes muebles del Patrimonio Histórico Español no declarados de interés cultural que tengan singular relevancia.
2. A los efectos previstos en el párrafo anterior, las Administraciones competentes podrán recabar de los titulares de derechos sobre los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español el examen de los mismos, así como las informaciones pertinentes, para su inclusión, si procede, en dicho Inventario.

3. Los propietarios y demás titulares de derechos reales sobre bienes muebles de notable valor histórico, artístico, arqueológico, científico, técnico o cultural, podrán presentar solicitud debidamente documentada ante la Administración competente, a fin de que se inicie el procedimiento para la inclusión de dichos bienes en el Inventario General. La resolución sobre esta solicitud deberá recaer en un plazo de cuatro meses.
4. Los propietarios o poseedores de los bienes muebles que reúnan el valor y características que se señalen reglamentariamente, quedan obligados a comunicar a la Administración competente la existencia de estos objetos, antes de proceder a su venta o transmisión a terceros. Igual obligación se establece para las personas o entidades que ejerzan habitualmente el comercio de los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español, que deberán, además, formalizar ante dicha Administración un libro de registro de las transmisiones que realicen sobre aquellos objetos.
5. La organización y el funcionamiento del Inventario General se determinarán por vía reglamentaria.
6. A los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español incluidos en el Inventario General, se les aplicarán las siguientes normas:
a) La Administración competente podrá en todo momento inspeccionar su conservación.
b) Sus propietarios y, en su caso, los demás titulares de derechos reales sobre los mismos, están obligados a permitir su estudio a los investigadores, previa solicitud razonada, y a prestarlos, con las debidas garantías, a exposiciones temporales que se organicen por los Organismos a que se refiere el artículo 6.º de esta Ley. No será obligatorio realizar estos préstamos por un período superior a un mes por año.
c) La transmisión por actos ínter vivos o mortis causa, así como cualquier otra modificación en la situación de los bienes deberá comunicarse a la Administración competente y anotarse en el Inventario General.

Artículo 27. Los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español podrán ser declarados de interés cultural. Tendrán tal consideración, en todo caso, los bienes muebles contenidos en un inmueble que haya sido objeto de dicha declaración y que ésta los reconozca como parte esencial de su historia.

Artículo 28. 1. Los bienes muebles declarados de interés cultural y los incluidos en el Inventario General que estén en posesión de instituciones eclesiásticas, en cualquiera de sus establecimientos o dependencias, no podrán transmitirse por título oneroso o gratuito ni cederse a particulares ni a entidades mercantiles. Dichos bienes sólo podrán ser enajenados o cedidos al Estado, a entidades de Derecho Público o a otras instituciones eclesiásticas.
2. Los bienes muebles que forman parte del Patrimonio Histórico Español no podrán ser enajenados por las Administraciones Públicas, salvo las transmisiones que entre sí mismas éstas efectúen y lo dispuesto en los artículos 29 y 34 de esta Ley.
3. Los bienes a que se refiere este artículo serán imprescriptibles. En ningún caso se aplicará a estos bienes lo dispuesto en el artículo 1.955 del Código Civil.

Artículo 29. 1. Pertenecen al Estado los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español que sean exportados sin la autorización requerida por el artículo 5.º de esta Ley. Dichos bienes son inalienables e imprescriptibles.
2. Corresponde a la Administración del Estado realizar los actos conducentes a la total recuperación de los bienes ilegalmente exportados.
3. Cuando el anterior titular acreditase la pérdida o sustracción previa del bien ilegalmente exportado, podrá solicitar su cesión del Estado, obligándose a abonar el importe de los gastos derivados de su recuperación, y, en su caso, el reembolso del precio que hubiere satisfecho el Estado al adquirente de buena fe. Se presumirá la pérdida o sustracción del bien ilegalmente exportado cuando el anterior titular fuera una Entidad de derecho público.
4. Los bienes recuperados y no cedidos serán destinados a un centro público, previo informe del Consejo del Patrimonio Histórico.

Artículo 30. La autorización para la exportación de cualquier bien mueble integrante del Patrimonio Histórico Español estará sujeta a una tasa establecida de acuerdo con las siguientes reglas:
A) Hecho imponible: Lo constituirá la concesión de la autorización de exportación de los mencionados bienes.
B) Exenciones: Estarán exentas del pago de las tasas:
1. La exportación de bienes muebles que tenga lugar durante los diez años siguientes a su importación siempre que ésta se hubiere realizado de forma legal, esté reflejada documentalmente y los bienes no hayan sido declarados de interés cultural de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de esta Ley.
2. La salida temporal legalmente autorizada de bienes muebles que formen parte del Patrimonio Histórico Español.
3. La exportación de objetos muebles de autores vivos.
C) Sujeto pasivo: Estarán obligadas al pago de la tasa las personas o entidades nacionales o extranjeras a cuyo favor se concedan las autorizaciones de exportación.
D) Base imponible: La base imponible vendrá determinada por el valor real del bien cuya autorización de exportación se solicita. Se considerará valor real del bien el declarado por el solicitante, sin perjuicio de la comprobación administrativa realizada por el Organismo correspondiente de la Administración del Estado, que prevalecerá cuando sea superior a aquél.
E) Tipo de gravamen: La tasa se exigirá conforme a la siguiente tarifa:
Hasta 1.000.000 de pesetas, el 5 por 100.
De 1.000.001 a 10.000.000, el 10 por 100.
De 10.000.001 a 100.000.000, el 20 por 100.
De 100.000.001 en adelante, el 30 por 100.
F) Devengo: Se devengará la tasa cuando se conceda la autorización de exportación.
G) Liquidación y pago: El Gobierno regulará los procedimientos de valoración, liquidación y pago de la tasa.
 H) Gestión: La gestión de esta tasa quedará atribuida al Ministerio de Cultura.
I) Destino: El producto de esta tasa se ingresará en el Tesoro Público, generándose de modo automático el crédito oportuno en favor del Organismo correspondiente de la Administración del Estado, que se destinará exclusivamente a la adquisición de bienes de interés para el Patrimonio Histórico Español.

Artículo 31. 1. La Administración del Estado podrá autorizar la salida temporal de España, en la forma y condiciones que reglamentariamente se determine, de bienes muebles sujetos al régimen previsto en el artículo 5.º de esta Ley. En todo caso deberá constar en la autorización el plazo y garantías de la exportación. Los bienes así exportados no podrán ser objeto del ejercicio del derecho de preferente adquisición.
2. El incumplimiento de las condiciones para el retorno a España de los bienes que de ese modo se hayan exportado tendrá consideración de exportación ilícita.

Artículo 32. 1. Los bienes muebles cuya importación haya sido realizada legalmente y esté debidamente documentada de modo que el bien importado quede plenamente identificado, no podrán ser declarados de interés cultural en un plazo de diez años a contar desde la fecha de su importación.
2. Tales bienes podrán exportarse previa licencia de la Administración del Estado que se concederá siempre que la solicitud cumpla los requisitos exigidos por la legislación en vigor, sin que pueda ejercitarse derecho alguno de preferente adquisición respecto de ellos. Transcurrido el plazo de diez años, dichos bienes quedarán sometidos al régimen general de la presente Ley.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los bienes muebles que posean alguno de los valores señalados en el artículo 1.º de esta Ley podrán ser declarados de interés cultural antes del plazo de diez años si su propietario solicitase dicha declaración y la Administración del Estado resolviera que el bien enriquece el Patrimonio Histórico Español.
 

Artículo 33. Salvo lo previsto en el artículo 32, siempre que se formule solicitud de exportación, la declaración de valor hecha por el solicitante será considerada oferta de venta irrevocable en favor de la Administración del Estado que, de no autorizar dicha exportación, dispondrá de un plazo de seis meses para aceptar la oferta y de un año a partir de ella para efectuar el pago que proceda. La negativa a la solicitud de exportación no supone la aceptación de la oferta, que siempre habrá de ser expresa.

Artículo 34. El Gobierno podrá concertar con otros Estados la permuta de bienes muebles de titularidad estatal pertenecientes al Patrimonio Histórico Español por otros de al menos igual valor y significado histórico. La aprobación precisará de informe favorable de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando y de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español.

TITULO IV
Sobre la protección de los bienes muebles e inmuebles

Artículo 35. 1. Para la protección de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español y al objeto de facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos, fomentar la comunicación entre los diferentes servicios y promover la información necesaria para el desarrollo de la investigación científica y técnica se formularán periódicamente Planes Nacionales de Información sobre el Patrimonio Histórico Español.
2. El Consejo del Patrimonio Histórico Español elaborará y aprobará los Planes Nacionales de Información referidos en el apartado anterior.
3. Los diferentes servicios públicos y los titulares de bienes del Patrimonio Histórico Español deberán prestar su colaboración en la ejecución de los Planes Nacionales de Información.

Artículo 36. 1. Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales o por los poseedores de tales bienes.
2. La utilización de los bienes declarados de interés cultural, así como de los bienes muebles incluidos en el Inventario General, quedará subordinada a que no se pongan en peligro los valores que aconsejen su conservación. Cualquier cambio de uso deberá ser autorizado por los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley.
3. Cuando los propietarios o los titulares de derechos reales sobre bienes declarados de interés cultural o bienes incluidos en el Inventario General no ejecuten las actuaciones exigidas en el cumplimiento de la obligación prevista en el apartado 1.º de este artículo, la Administración competente, previo requerimiento a los interesados, podrá ordenar su ejecución subsidiaria. Asimismo, podrá conceder una ayuda con carácter de anticipo reintegrable que, en caso de bienes inmuebles, será inscrita en el Registro de la Propiedad. La Administración competente también podrá realizar de modo directo las obras necesarias, si así lo requiere la más eficaz conservación de los bienes. Excepcionalmente la Administración competente podrá ordenar el depósito de los bienes muebles en centros de carácter público en tanto no desaparezcan las causas que originaron dicha necesidad.
4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo será causa de interés social para la expropiación forzosa de los bienes declarados de interés cultural por la Administración competente.

 Artículo 37. 1. La Administración competente podrá impedir un derribo y suspender cualquier clase de obra o intervención en un bien declarado de interés cultural.
2. Igualmente podrá actuar de ese modo, aunque no se haya producido dicha declaración, siempre que aprecie la concurrencia de alguno de los valores a que hace mención el artículo 1.º de esta Ley. En tal supuesto la Administración resolverá en el plazo máximo de treinta días hábiles en favor de la continuación de la obra o intervención iniciada o procederá a incoar la declaración de Bien de Interés Cultural.

3. Será causa justificativa de interés social para la expropiación por la Administración competente de los bienes afectados por una declaración de interés cultural el peligro de destrucción o deterioro, o un uso incompatible con sus valores. Podrán expropiarse por igual causa los inmuebles que impidan o perturben la contemplación de los bienes afectados por la declaración de interés cultural o den lugar a riesgos para los mismos. Los Municipios podrán acordar también la expropiación de tales bienes notificando previamente este propósito a la Administración competente, que tendrá prioridad en el ejercicio de esta potestad.

Artículo 38. 1. Quien tratare de enajenar un bien declarado de interés cultural o incluido en el Inventario General al que se refiere el artículo 26, deberá notificarlo a los Organismos mencionados en el artículo 6.º y declarar el precio y condiciones en que se proponga realizar la enajenación. Los subastadores deberán notificar igualmente y con suficiente antelación las subastas públicas en que se pretenda enajenar cualquier bien integrante del Patrimonio Histórico Español.
2. Dentro de los dos meses siguientes a la notificación referida en el apartado anterior, la Administración del Estado podrá hacer uso del derecho de tanteo para sí, para una entidad benéfica o para cualquier entidad de derecho público, obligándose al pago del precio convenido, o, en su caso, el de remate en un período no superior a dos ejercicios económicos, salvo acuerdo con el interesado en otra forma de pago.
3. Cuando el propósito de enajenación no se hubiera notificado correctamente la Administración del Estado podrá ejercer, en los mismos términos previstos para el derecho de tanteo, el de retracto en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que tenga conocimiento fehaciente de la enajenación.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores no excluye que los derechos de tanteo y retracto sobre los mismos bienes puedan ser ejercidos en idénticos términos por los demás Organismos competentes para la ejecución de esta Ley. No obstante, el ejercicio de tales derechos por parte de la Administración del Estado tendrá carácter preferente siempre que se trate de adquirir bienes muebles para un Museo, Archivo o Biblioteca de titularidad estatal.
5. Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no inscribirán documento alguno por el que se transmita la propiedad o cualquier otro derecho real sobre los bienes a que hace referencia este artículo sin que se acredite haber cumplido cuantos requisitos en él se recogen.

Artículo 39. 1. Los poderes públicos procurarán por todos los medios de la técnica la conservación, consolidación y mejora de los bienes declarados de interés cultural así como de los bienes muebles incluidos en el Inventario General a que alude el artículo 26 de esta Ley. Los bienes declarados de interés cultural no podrán ser sometidos a tratamiento alguno sin autorización expresa de los Organismos competentes para la ejecución de la Ley.
2. En el caso de bienes inmuebles, las actuaciones a que se refiere el párrafo anterior irán encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas.
3. Las restauraciones de los bienes a que se refiere el presente artículo respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará con carácter excepcional y siempre que los elementos que traten de suprimirse supongan una evidente degradación del bien y su eliminación fuere necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo. Las partes suprimidas quedarán debidamente documentadas.

TITULO V
Del Patrimonio Arqueológico

Artículo 40. 1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 1.º de esta Ley, forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental. Forman parte, asimismo de este Patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes.
2. Quedan declarados Bienes de Interés Cultural por ministerio de esta Ley las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre.

Artículo 41. 1. A los efectos de la presente Ley son excavaciones arqueológicas las remociones en la superficie, en el subsuelo o en los medios subacuáticos que se realicen con el fin de descubrir e investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como los componentes geológicos con ellos relacionados.
2. Son prospecciones arqueológicas las exploraciones superficiales o subacuáticas, sin remoción del terreno, dirigidas al estudio, investigación o examen de datos sobre cualquiera de los elementos a que se refiere el apartado anterior.
3. Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos materiales que, poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español, se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier otro tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole.

Artículo 42. 1. Toda excavación o prospección arqueológica deberá ser expresamente autorizada por la Administración competente, que, mediante los procedimientos de inspección y control idóneos, comprobará que los trabajos estén planteados y desarrollados conforme a un programa detallado y coherente que contenga los requisitos concernientes a la conveniencia, profesionalidad e interés científico.
2. La autorización para realizar excavaciones o prospecciones arqueológicas obliga a los beneficiarios a entregar los objetos obtenidos, debidamente inventariados, catalogados y acompañados de una Memoria, al Museo o centro que la Administración competente determine y en el plazo que se fije, teniendo en cuenta su proximidad al lugar del hallazgo y las circunstancias que hagan posible, además de su adecuada conservación, su mejor función cultural y científica. En ningún caso será de aplicación a estos objetos lo dispuesto en el artículo 44.3 de la presente Ley.
3. Serán ilícitas y sus responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la presente Ley, las excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas sin la autorización correspondiente, o las que se hubieren llevado a cabo con incumplimiento de los términos en que fueron autorizadas, así como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de objetos arqueológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente a la Administración competente.

Artículo 43. La Administración competente podrá ordenar la ejecución de excavaciones o prospecciones arqueológicas en cualquier terreno público o privado del territorio español, en el que se presuma la existencia de yacimientos o restos arqueológicos, paleontológicos o de componentes geológicos con ellos relacionados. A efectos de la correspondiente indemnización regirá lo dispuesto en la legislación vigente sobre expropiación forzosa.

Artículo 44. 1. Son bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar. El descubridor deberá comunicar a la Administración competente su descubrimiento en el plazo máximo de treinta días e inmediatamente cuando se trate de hallazgos casuales. En ningún caso será de aplicación a tales objetos lo dispuesto en el artículo 351 del Código Civil.
2. Una vez comunicado el descubrimiento, y hasta que los objetos sean entregados a la Administración competente, al descubridor le serán de aplicación las normas del depósito legal, salvo que los entregue a un Museo público.

3. El descubridor y el propietario del lugar en que hubiere sido encontrado el objeto tienen derecho, en concepto de premio en metálico, a la mitad del valor que en tasación legal se le atribuya, que se distribuirá entre ellos por partes iguales. Si fuesen dos o más los descubridores o los propietarios se mantendrá igual proporción.
4. El incumplimiento de las obligaciones previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo privará al descubridor y, en su caso, al propietario del derecho al premio indicado y los objetos quedarán de modo inmediato a disposición de la Administración competente, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar y las sanciones que procedan.
5. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo el hallazgo de partes integrantes de la estructura arquitectónica de un inmueble incluido en el Registro de Bienes de Interés Cultural. No obstante el hallazgo deberá ser notificado a la Administración competente en un plazo máximo de treinta días.

Artículo 45. Los objetos arqueológicos adquiridos por los Entes Públicos por cualquier título se depositarán en los Museos o Centros que la Administración adquirente determine, teniendo en cuenta las circunstancias referidas en el artículo 42, apartado 2, de esta Ley.

TITULO VI
Del Patrimonio Etnográfico

Artículo 46. Forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales.

Artículo 47. 1. Son bienes inmuebles de carácter etnográfico, y se regirán por lo dispuesto en los títulos II y IV de la presente Ley, aquellas edificaciones e instalaciones cuyo modelo constitutivo sea expresión de conocimientos adquiridos, arraigados y transmitidos consuetudinariamente y cuya factura se acomode, en su conjunto o parcialmente, a una clase, tipo o forma arquitectónicos utilizados tradicionalmente por las comunidades o grupos humanos.
 2. Son bienes muebles de carácter etnográfico, y se regirán por lo dispuesto en los títulos III y IV de la presente Ley, todos aquellos objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades laborales, estéticas y lúdicas propias de cualquier grupo humano, arraigadas y transmitidas consuetudinariamente.
3. Se considera que tienen valor etnográfico y gozarán de protección administrativa aquellos conocimientos o actividades que procedan de modelos o técnicas tradicionales utilizados por una determinada comunidad. Cuando se trate de conocimientos o actividades que se hallen en previsible peligro de desaparecer, la Administración competente adoptará las medidas oportunas conducentes al estudio y documentación científicos de estos bienes.

TITULO VII
 Del Patrimonio Documental y Bibliográfico y de los Archivos, Bibliotecas y Museos

CAPITULO I
Del Patrimonio Documental y Bibliográfico

Artículo 48. 1. A los efectos de la presente Ley forma parte del Patrimonio Histórico Español el Patrimonio Documental y Bibliográfico, constituido por cuantos bienes, reunidos o no en Archivos y Bibliotecas, se declaren integrantes del mismo en este capítulo.
 2. El Patrimonio Documental y Bibliográfico se regulará por las normas específicas contenidas en este Título. En lo no previsto en ellas le será de aplicación cuanto se dispone con carácter general en la presente Ley y en su régimen de bienes muebles.

Artículo 49. 1. Se entiende por documento, a los efectos de la presente Ley, toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones.
2. Forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios.
3. Forman igualmente parte del Patrimonio Documental los documentos con una antigüedad superior a los cuarenta años generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus actividades por las entidades y asociaciones de carácter político, sindical o religioso y por las entidades, fundaciones y asociaciones culturales y educativas de carácter privado.
4. Integran asimismo el Patrimonio Documental los documentos con una antigüedad superior a los cien años generados, conservados o reunidos por cualesquiera otras entidades particulares o personas físicas.
5. La Administración del Estado podrá declarar constitutivos del Patrimonio Documental aquellos documentos que, sin alcanzar la antigüedad indicada en los apartados anteriores, merezcan dicha consideración.

Artículo 50. 1. Forman parte del Patrimonio Bibliográfico las bibliotecas y colecciones bibliográficas de titularidad pública y las obras literarias, históricas, científicas o artísticas de carácter unitario o seriado, en escritura manuscrita o impresa, de las que no conste la existencia de al menos tres ejemplares en las bibliotecas o servicios públicos. Se presumirá que existe este número de ejemplares en el caso de obras editadas a partir de 1958.
2. Asimismo forman parte del Patrimonio Histórico Español y se les aplicará el régimen correspondiente al Patrimonio Bibliográfico los ejemplares producto de ediciones de películas cinematográficas, discos, fotografías, materiales audiovisuales u otros similares, cualquiera que sea su soporte material, de las que no consten al menos tres ejemplares en los servicios públicos, o uno en el caso de películas cinematográficas.

Artículo 51. 1. La Administración del Estado, en colaboración con las demás Administraciones competentes, confeccionará el Censo de los bienes integrantes del Patrimonio Documental y el Catálogo colectivo de los bienes integrantes del Patrimonio Bibliográfico conforme a lo que se determine reglamentariamente.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, la Administración competente podrá recabar de los titulares de derechos sobre los bienes integrantes del Patrimonio Documental y Bibliográfico el examen de los mismos, así como las informaciones pertinentes para su inclusión, si procede, en dichos Censo y Catálogo.

Artículo 52. 1. Todos los poseedores de bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico están obligados a conservarlos, protegerlos, destinarlos a un uso que no impida su conservación y mantenerlos en lugares adecuados.
2. Si los obligados incumplen lo dispuesto en el apartado anterior, la Administración competente adoptará las medidas de ejecución oportunas, conforme a lo previsto en el artículo 36.3 de la presente Ley. El incumplimiento de dichas obligaciones, cuando además sea desatendido el requerimiento por la Administración podrá ser causa de interés social para la expropiación forzosa de los bienes afectados.
3. Los obligados a la conservación de los bienes constitutivos del Patrimonio Documental y Bibliográfico deberán facilitar la inspección por parte de los organismos competentes para comprobar la situación o estado de los bienes y habrán de permitir el estudio por los investigadores, previa solicitud razonada de éstos. Los particulares podrán excusar el cumplimiento de esta última obligación, en el caso de que suponga una intromisión en su derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, en los términos que establece la legislación reguladora de esta materia.

4. La obligación de permitir el estudio por los investigadores podrá ser sustituida por la Administración competente, mediante el depósito temporal del bien en un Archivo, Biblioteca o Centro análogo de carácter público que reúna las condiciones adecuadas para la seguridad de los bienes y su investigación.

Artículo 53. Los bienes integrantes del Patrimonio Documental y Bibliográfico, que tengan singular relevancia, serán incluidos en una sección especial del Inventario General de bienes muebles del Patrimonio Histórico Español, conforme al procedimiento establecido en el artículo 26 de esta Ley.

Artículo 54. 1. Quienes por la función que desempeñen tengan a su cargo documentos a los que se refiere el artículo 49.2 de la presente Ley están obligados, al cesar en sus funciones, a entregarlos al que les sustituya en las mismas o remitirlos al Archivo que corresponda.
2. La retención indebida de los documentos a que se refiere el apartado anterior por personas o instituciones privadas dará lugar a que la Administración que los hubiera conservado, generado o reunido ordene el traslado de tales bienes a un Archivo público, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haberse incurrido.

Artículo 55. 1. La exclusión o eliminación de bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico contemplados en el artículo 49.2 y de los demás de titularidad pública deberá ser autorizada por la Administración competente.
 2. En ningún caso se podrán destruir tales documentos en tanto subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones de las personas o los entes públicos.
3. En los demás casos la exclusión o eliminación deberá ser autorizada por la Administración competente a propuesta de sus propietarios o poseedores, mediante el procedimiento que se establecerá por vía reglamentaria.

Artículo 56. 1. Los actos de disposición, exportación e importación de bienes constitutivos del Patrimonio Documental y Bibliográfico quedarán sometidos a las disposiciones contenidas en el artículo 5.º y títulos III y IV de la presente Ley que les sean de aplicación.
2. En todo caso, cuando tales bienes sean de titularidad pública serán inexportables, salvo lo previsto en los artículos 31 y 34 de esta Ley.

Artículo 57. 1. La consulta de los documentos constitutivos del Patrimonio Documental Español a que se refiere el artículo 49.2 se atendrá a las siguientes reglas:
a) Con carácter general, tales documentos, concluida su tramitación y depositados y registrados en los Archivos centrales de las correspondientes entidades de Derecho Público, conforme a las normas que se establezcan por vía reglamentaria, serán de libre consulta a no ser que afecten a materias clasificadas de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales o no deban ser públicamente conocidos por disposición expresa de la Ley, o que la difusión de su contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad y la defensa del Estado o la averiguación de los delitos.
b) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cabrá solicitar autorización administrativa para tener acceso a los documentos excluidos de consulta pública. Dicha autorización podrá ser concedida, en los casos de documentos secretos o reservados, por la Autoridad que hizo la respectiva declaración, y en los demás casos por el Jefe del Departamento encargado de su custodia.
c) Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos.
2. Reglamentariamente se establecerán las condiciones para la realización de la consulta de los documentos a que se refiere este artículo, así como para la obtención de reproducciones de los mismos.
 

Artículo 58. El estudio y dictamen de las cuestiones relativas a la calificación y utilización de los documentos de la Administración del Estado y del sector público estatal, así como su integración en los Archivos y el régimen de acceso e inutilidad administrativa de tales documentos corresponderá a una Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, cuya composición, funcionamiento y competencias específicas se establecerán por vía reglamentaria. Asimismo podrán constituirse Comisiones Calificadoras en los Organismos públicos que así se determine.

CAPITULO II
De los Archivos, Bibliotecas y Museos

Artículo 59. 1. Son Archivos los conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión de varios de ellos, reunidos por las personas jurídicas públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa. Asimismo, se entienden por Archivos las instituciones culturales donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden para los fines anteriormente mencionados dichos conjuntos orgánicos.
2. Son Bibliotecas las instituciones culturales donde se conservan, reúnen, seleccionan, inventarían, catalogan, clasifican y difunden conjuntos o colecciones de libros, manuscritos y otros materiales bibliográficos o reproducidos por cualquier medio para su lectura en sala pública o mediante préstamo temporal, al servicio de la educación, la investigación, la cultura y la información.
3. Son Museos las instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural.

Artículo 60. 1. Quedarán sometidos al régimen que la presente Ley establece para los Bienes de Interés Cultural los inmuebles destinados a la instalación de Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal, así como los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español en ellos custodiados.
 2. A propuesta de las Administraciones competentes el Gobierno podrá extender el régimen previsto en el apartado anterior a otros Archivos, Bibliotecas y Museos.
3. Los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley velarán por la elaboración y actualización de los catálogos, censos y ficheros de los fondos de las instituciones a que se refiere este artículo.

Artículo 61. 1. La Administración del Estado podrá crear, previa consulta con la Comunidad Autónoma correspondiente, cuantos Archivos, Bibliotecas y Museos considere oportunos, cuando las necesidades culturales y sociales así lo requieran y sin perjuicio de la iniciativa de otros organismos, instituciones o particulares.
2. Los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal y carácter nacional serán creados mediante Real Decreto.
3. La Administración del Estado promoverá la comunicación y coordinación de todos los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal existentes en el territorio español. A tal fin podrá recabar de ellos cuanta información considere adecuada, así como inspeccionar su funcionamiento y tomar las medidas encaminadas al mejor cumplimiento de sus fines, en los términos que, en su caso, dispongan los convenios de gestión con las Comunidades Autónomas.

Artículo 62. La Administración del Estado garantizará el acceso de todos los ciudadanos españoles a los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal, sin perjuicio de las restricciones que, por razón de la conservación de los bienes en ellos custodiados o de la función de la propia institución, puedan establecerse.

Artículo 63. 1. Los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal podrán admitir en depósito bienes de propiedad privada o de otras administraciones públicas de acuerdo con las normas que por vía reglamentaria se establezcan.

2. Los Bienes de Interés Cultural, así como los integrantes del Patrimonio Documental y Bibliográfico custodiados en Archivos y Museos de titularidad estatal no podrán salir de los mismos sin previa autorización, que deberá concederse mediante Orden ministerial. Cuando se trate de objeto en depósito se respetará lo pactado al constituirse.
3. El mismo régimen previsto en el apartado anterior se aplicará a los Bienes de Interés Cultural custodiados en Bibliotecas de titularidad estatal, sin perjuicio de lo que se establezca sobre servicios de préstamos públicos.

Artículo 64. Los edificios en que estén instalados Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad pública, así como los edificios o terrenos en que vayan a instalarse, podrán ser declarados de utilidad pública a los fines de su expropiación. Esta declaración podrá extenderse a los edificios o terrenos contiguos cuando así lo requieran razones de seguridad para la adecuada conservación de los inmuebles o de los bienes que contengan.

Artículo 65. 1. Cada Departamento ministerial asegurará la coordinación del funcionamiento de todos los Archivos del Ministerio y de los Organismos a él vinculados para el mejor cumplimiento de lo preceptuado en la presente Ley y en los Reglamentos que se dicten para su aplicación.
2. La documentación de los Organismos dependientes de la Administración del Estado será regularmente transferida, según el procedimiento que por vía reglamentaria se establezca a los Archivos del Estado.

Artículo 66. Constituyen los Sistemas Españoles de Archivos, de Bibliotecas y de Museos, respectivamente, los Archivos, Bibliotecas y Museos, así como los servicios de carácter técnico o docente directamente relacionados con los mismos, que se incorporen en virtud de lo que se disponga reglamentariamente.

 TITULO VIII
De las medidas de fomento

Artículo 67. El Gobierno dispondrá las medidas necesarias para que la financiación de las obras de conservación, mantenimiento y rehabilitación, así como de las prospecciones y excavaciones arqueológicas realizadas en bienes declarados de interés cultural tengan preferente acceso al crédito oficial en la forma y con los requisitos que establezcan sus normas reguladoras. A tal fin, la Administración del Estado podrá establecer, mediante acuerdos con personas y Entidades públicas y privadas, las condiciones para disfrutar de los beneficios crediticios.

Artículo 68. 1. En el presupuesto de cada obra pública, financiada total o parcialmente por el Estado, se incluirá una partida equivalente al menos al 1 por 100 de los fondos que sean de aportación estatal con destino a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno.
2. Si la obra pública hubiera de construirse y explotarse por particulares en virtud de concesión administrativa y sin la participación financiera del Estado, el 1 por 100 se aplicará sobre el presupuesto total para su ejecución.
3. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en los anteriores apartados las siguientes obras públicas:
a) Aquéllas cuyo presupuesto total no exceda de cien millones de pesetas.
b) Las que afecten a la seguridad y defensa del Estado, así como a la seguridad de los servicios públicos.
4. Por vía reglamentaria se determinará el sistema de aplicación concreto de los fondos resultantes de la consignación del 1 por 100 a que se refiere este artículo.
 

 Artículo 69. 1. Como fomento al cumplimiento de los deberes y en compensación a las cargas que en esta Ley se imponen a los titulares o poseedores de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, además de las exenciones fiscales previstas en las disposiciones reguladoras de la Contribución Territorial Urbana y del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, se establecen los beneficios fiscales fijados en los artículos siguientes.
 2. Para disfrutar de tales beneficios, salvo el establecido en el artículo 72.1, los bienes afectados deberán ser inscritos previamente en el Registro General que establece el artículo 12, en el caso de Bienes de Interés Cultural, y en el Inventario General a que se refieren los artículos 26 y 53, en el caso de bienes muebles. En el caso de Conjuntos Históricos, Sitios Históricos o Zonas Arqueológicas, sólo se considerarán inscritos los inmuebles comprendidos en ellos que reúnan las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
3. En los términos que establezcan las Ordenanzas Municipales, los bienes inmuebles declarados de interés cultural, quedarán exentos del pago de los restantes impuestos locales que graven la propiedad o se exijan por su disfrute o transmisión, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales hayan emprendido o realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.
4. En ningún caso procederá la compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en favor de los Ayuntamientos interesados.

Artículo 70. 1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a una deducción sobre la cuota equivalente al 20 por 100 de las inversiones que realicen en la adquisición, conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de bienes declarados de interés cultural, en las condiciones que por vía reglamentaria se señalen. El importe de la deducción en ningún caso podrá exceder del 30 por 100 de la base imponible.
2. Asimismo, los contribuyentes de dicho impuesto tendrán derecho a deducir de la cuota el 20 por 100 de las donaciones puras y simples que hicieren en bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español siempre que se realizaren en favor del Estado y demás Entes públicos, así como de las que se lleven a cabo en favor de establecimientos, instituciones, fundaciones o asociaciones, incluso las de hecho de carácter temporal, para arbitrar fondos, clasificadas o declaradas benéficas o de utilidad pública por los Órganos competentes del Estado, cuyos cargos de patronos, representantes legales o gestores de hecho sean gratuitos, y se rindan cuentas al órgano de protectorado correspondiente. La base de esta deducción no podrá exceder del 30 por 100 de la base imponible.

Artículo 71. 1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a deducir de la cuota líquida resultante de minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones por doble imposición, y en su caso, de las bonificaciones a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades un porcentaje del importe de las cantidades que destinen a la adquisición, conservación, reparación restauración, difusión y exposición de bienes declarados de interés cultural, en las condiciones que se señalen reglamentariamente.
2. En el Impuesto sobre Sociedades, se considerarán partidas deducibles de los rendimientos íntegros obtenidos, a efectos de determinar las bases imponibles, las donaciones puras y simples de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, realizadas en las condiciones a que se refiere el artículo 70.2. La cuantía de la deducción no podrá exceder del 30 por 100 de la base imponible.

Artículo 72. 1. Quedan exentas del pago del Impuesto sobre el Lujo y del Impuesto sobre el Tráfico de Empresas las adquisiciones de obras de arte siempre que sus autores vivan en el momento de la transmisión.
2. Quedan exentas de todo tributo las importaciones de bienes muebles que sean incluidos en el Inventario o declarados de interés cultural conforme a los artículos 26.3 y 32.3, respectivamente. La solicitud presentada a tal efecto por sus propietarios, en el momento de la importación, tendrá efectos suspensivos de la deuda tributaria.
 

Artículo 73. El pago de la deuda tributaria del Impuesto sobre Sucesiones, del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrá realizarse mediante la entrega de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, en la forma que reglamentariamente se determine.

Artículo 74. Las valoraciones necesarias para la aplicación de las medidas de fomento que se establecen en el presente título se efectuarán en todo caso por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, en los términos y conforme al procedimiento que se determine por vía reglamentaria. En el supuesto del artículo anterior, las valoraciones citadas no vincularán al interesado, que podrá optar por el pago en metálico.

 TITULO IX
De las infracciones administrativas y sus sanciones

Artículo 75. 1. La exportación de un bien mueble integrante del Patrimonio Histórico Español que se realice sin la autorización prevista en el artículo 5.º de esta Ley, constituirá delito, o en su caso, infracción de contrabando, de conformidad con la legislación en esta materia. Serán responsables solidarios de la infracción o delito cometido cuantas personas hayan intervenido en la exportación del bien y aquellas otras que por su actuación u omisión, dolosa o negligente, la hubieren facilitado o hecho posible.
2. La fijación del valor de los bienes exportados ilegalmente se realizará por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, dependiente de la Administración del Estado, cuya composición y funciones se establecen por vía reglamentaria.

Artículo 76. 1. Salvo que sean constitutivos de delito, los hechos que a continuación se mencionan constituyen infracciones administrativas que serán sancionadas conforme a lo dispuesto en este artículo:
a) El incumplimiento por parte de los propietarios o de los titulares de derechos reales o los poseedores de los bienes de las disposiciones contenidas en los artículos 13, 26.2, 4 y 6, 28, 35.3, 36.1 y 2, 38.1, 39, 44, 51.2 y 52.1 y 3.
b) La retención ilícita o depósito indebido de documentos según lo dispuesto en el artículo 54.1.
c) El otorgamiento de licencias para la realización de obras que no cumpla lo dispuesto en el artículo 23.
d) La realización de obras en Sitios Históricos o Zonas Arqueológicas sin la autorización exigida por el artículo 22.
e) La realización de cualquier clase de obra o intervención que contravenga lo dispuesto en los artículos 16, 19, 20, 21, 25, 37 y 39.
f) La realización de excavaciones arqueológicas u otras obras ilícitas a que se refiere el artículo 42.3.
g) El derribo, desplazamiento o remoción ilegales de cualquier inmueble afectado por un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural.
h) La exportación ilegal de los bienes a que hacen referencia los artículos 5.º y 56.1 de la presente Ley.
i) El incumplimiento de las condiciones de retorno fijadas para la exportación temporal legalmente autorizada.
j) La exclusión o eliminación de bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico que contravenga lo dispuesto en el artículo 55.
2. Cuando la lesión al Patrimonio Histórico Español ocasionada por las infracciones a que se refiere el apartado anterior sea valorable económicamente, la infracción será sancionada con multa de tanto al cuádruplo del valor del daño causado.
3. En los demás casos se impondrán las siguientes sanciones:
A) Multa de hasta 10.000.000 de pesetas en los supuestos a) y b) del apartado 1.
B) Multa de hasta 25.000.000 de pesetas en los supuestos c), d), e) y f) del apartado 1.
C) Multa de hasta 100.000.000 de pesetas en los supuestos g), h), i) y j) del apartado 1.
 

Artículo 77. 1. Las sanciones administrativas requerirán la tramitación de un expediente con audiencia del interesado para fijar los hechos que las determinen y serán proporcionales de la gravedad de los mismos, a las circunstancias personales del sancionado y al perjuicio causado o que pudiera haberse causado al Patrimonio Histórico Español.
2. Las multas que se impongan a distintos sujetos como consecuencia de una misma infracción tendrán carácter independiente entre sí.

Artículo 78. Las multas de hasta 25.000.000 de pesetas serán impuestas por los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley. Las de cuantía superior a 25.000.000 de pesetas serán impuestas por el Consejo de Ministros o los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.

Artículo 79. 1. Las infracciones administrativas contra lo dispuesto en esta Ley prescribirán a los cinco años de haberse cometido, salvo las contenidas en los apartados g), h), i) y j) del artículo 76.1, que prescribirán a los diez años.
 2. En todo lo no previsto en el presente título será de aplicación el Capítulo II del Título VI de la Ley de Procedimiento Administrativo (RCL_1958\1258, 1469, 1504; RCL_1959\585 y NDL 24708).

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Los bienes que con anterioridad hayan sido declarados histórico-artísticos o incluidos en el Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España pasan a tener la consideración y a denominarse Bienes de Interés Cultural; los muebles que hayan sido declarados integrantes del Tesoro o incluidos en el Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico tienen la condición de bienes inventariados conforme al artículo 26 de esta Ley, sin perjuicio de su posible declaración expresa como Bienes de Interés Cultural. Todos ellos quedan sometidos al régimen jurídico que para esos bienes la presente Ley establece.
Segunda.-Se consideran asimismo de Interés Cultural y quedan sometidos al régimen previsto en la presente Ley los bienes a que se contraen los Decretos de 22 de abril de 1949 (RCL_1949\546 y NDL 23171), 571/1963 (RCL_1963\662 y NDL 23197) y 449/1973 (RCL_1973\452 y NDL 23301).
Tercera.-1. Los documentos del Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España se incorporarán al Registro General al que se refiere el artículo 12 de esta Ley.
2. Los documentos del Inventario del Tesoro Artístico Nacional se incorporarán al Inventario General de bienes muebles previsto en el artículo 26.
3. Asimismo, los documentos propios del Censo-Guía de Archivos se incorporarán al Censo del Patrimonio Documental y los del Catálogo General del Tesoro Bibliográfico pasarán al Catálogo Colectivo.
4. Por la Dirección General de Bellas Artes y Archivos se procederá a la integración de los documentos a que se refieren los apartados precedentes en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
Cuarta.-La exigencia a que se refiere el artículo 69.2 de la presente Ley obligará igualmente a los titulares de los bienes señalados en el artículo 6.º, j), de la Ley 50/1977, de 14 de noviembre (RCL_1977\2406), sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, para beneficiarse de la exención que en el mismo se prevé. La misma exigencia se incorpora a las establecidas en el Real Decreto 1382/1978, de 2 de junio (RCL_1978\1360), en el que la referencia al Inventario contenida en su artículo 2.º queda suprimida.
Quinta.-Quedan sujetos a cuanto se dispone en esta Ley cuantos bienes muebles e inmuebles formen parte del Patrimonio Nacional y puedan incluirse en el ámbito del artículo 1.º, sin perjuicio de su afectación y régimen jurídico propio.
Sexta.-El Gobierno negociará en los correspondientes Acuerdos, Convenios y Tratados Internacionales cláusulas tendentes a reintegrar al territorio español los bienes culturales que hayan sido exportados ilegalmente.
Séptima.-Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, las Administraciones a quienes corresponda su aplicación quedarán también sujetas a los Acuerdos Internacionales válidamente celebrados por España. La actividad de tales Administraciones estará asimismo encaminada al cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones que, para la protección del Patrimonio Histórico, adopten los Organismos Internacionales de los que España sea miembro.
Octava.-La aceptación de donaciones, herencias o legados a favor del Estado, aunque se señale como beneficiario a algún otro órgano de la Administración, relativos a toda clase de bienes que constituyan expresión o testimonio de la creación humana y tengan un valor cultural, bien sea de carácter histórico, artístico, científico o técnico, corresponderá al Ministerio de Cultura, entendiéndose aceptada la herencia a beneficio de inventario.
Corresponderá asimismo a dicho Ministerio aceptar análogas donaciones en metálico que se efectúen con el fin específico y concreto de adquirir, restaurar o mejorar alguno de dichos bienes. El importe de esta donación se ingresará en el Tesoro Público y generará crédito en el concepto correspondiente del presupuesto del Ministerio de Cultura.
Por el Ministerio de Cultura se informará al Ministerio de Economía y Hacienda de las donaciones, herencias o legados que se acepten conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-En tanto se elaboran las normas precisas para el desarrollo y aplicación de la presente Ley, se entenderán vigentes las de rango reglamentario que regulan el Patrimonio Histórico-Artístico Español, el Tesoro Documental y Bibliográfico, los Archivos, Bibliotecas y Museos, en todo aquello que no contravenga lo dispuesto en la misma.
Segunda.-En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Cultura, dictará el Reglamento de organización, funcionamiento y personal de los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal, así como de los servicios técnicos o docentes relacionados con ellos o con las actividades que competen a la Administración del Estado en la protección del Patrimonio Histórico Español.
Tercera.-Quienes a la entrada en vigor de la presente Ley fuesen propietarios, poseedores o tenedores de algunos de los bienes a que se refieren los artículos 26 y 53 de la presente Ley dispondrán del plazo de un año para comunicar la existencia de dichos bienes a la Administración competente. En tal caso, la citada comunicación determinará la exención, en relación a tales bienes, de cualesquiera impuestos o gravámenes no satisfechos con anterioridad, así como de toda responsabilidad frente a la Hacienda Pública o los restantes Órganos de la Administración por incumplimientos, sanciones, recargos o intereses de demora.
Cuarta.-El Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Economía y Hacienda y Cultura, desarrollará, por vía reglamentaria, las condiciones para la exención a que se refiere la anterior disposición transitoria, y regulará también el alcance y supuestos en que proceda la revalorización de las obras a efectos fiscales.
Quinta.-En los diez años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, lo dispuesto en el artículo 28.1 de la misma se entenderá referido a los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español en posesión de las instituciones eclesiásticas.
 Sexta.-1. La tramitación y efectos de los expedientes sobre declaración de bienes inmuebles de valor histórico-artístico incoados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa en virtud de la cual han sido iniciados, pero su resolución se efectuará en todo caso mediante Real Decreto, y con arreglo a las categorías previstas en el artículo 14.2 de la presente Ley.
2. En los Conjuntos Históricos ya declarados que dispongan de un Plan Especial de Protección u otro instrumento de planeamiento del área afectada por la declaración, aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, la autorización de obras se regirá por lo dispuesto en el artículo 20.3 hasta que no se haya obtenido de la Administración competente el informe favorable sobre el instrumento de planeamiento a aplicar. A estos efectos se entenderá emitido informe favorable transcurrido un año desde la presentación del Plan, sin que haya recaído resolución expresa.
Séptima.-En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor de la Ley, los responsables de la instalación deberán retirar la publicidad comercial, así como los cables y conducciones a que se refiere el artículo 19.3.
Octava.-Los Parajes Pintorescos a que se refiere la disposición transitoria de la Ley 15/1975, de 2 de mayo (RCL_1975\914 y NDL 11996), de Espacios Naturales Protegidos, mientras no sean reclasificados conforme a su disposición final, conservarán la condición de Bienes de Interés Cultural.

DISPOSICIÓN FINAL
 1. Se autoriza al Gobierno para dictar, además de las disposiciones reglamentarias expresamente previstas en la presente Ley, las que sean precisas para su cumplimiento.
2. El Gobierno queda, asimismo, autorizado para proceder por vía reglamentaria a la actualización de la cuantía de las multas que se fijan en el artículo 76 de la presente Ley, sin que los porcentajes de los incrementos que por tal vía se establezcan puedan ser superiores, en ningún caso, al Índice Oficial del Coste de Vida.
3. La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá determinar anualmente las fórmulas de actualización de la base imponible y de los tipos de gravamen de la tasa por exportación a que se refiere el artículo 30.
4. Se autoriza también al Gobierno para que, a iniciativa del Ministerio de Cultura y a propuesta del Ministerio del Interior, disponga la creación en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de un Grupo de Investigación formado por personal especializado en las materias que son objeto de la presente Ley y destinado a perseguir sus infracciones.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
1. Quedan derogados la Ley de 7 de julio de 1911 (NDL 23155), sobre Excavaciones Arqueológicas; el Real Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926 (NDL 23158), sobre Protección, Conservación y Acrecentamiento de la Riqueza Artística; la Ley de 10 de diciembre de 1931 (RCL_1931\1665 y NDL 23161), sobre enajenación de bienes artísticos, arqueológicos e históricos de más de cien años de antigüedad; la Ley de 13 de mayo de 1933 (RCL_1933\729 y NDL 23163), sobre defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico Artístico; la Ley de 22 de diciembre de 1955 (RCL_1955\1748 y NDL 23163 nota, Art. 26), sobre Conservación del Patrimonio Histórico Artístico; el Decreto 1641/1959 de 23 de septiembre (RCL_1959\1334 y NDL 23185), sobre exportación de objetos de valor en interés arqueológico o artístico y de imitaciones o copias y la Ley 26/1972, de 21 de junio (RCL_1972\1168 y NDL 1581), sobre Defensa del Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación, salvo las disposiciones relativas al Centro Nacional del Tesoro Documental y Bibliográfico, las cuales, no obstante, tendrán en adelante rango reglamentario, y el Real Decreto 2832/1978, de 27 de octubre (RCL_1978\2662 y 2789), sobre el 1 por 100 cultural.
2. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente Ley.

 



REAL DECRETO 10-1-1986, núm. 111/1986

( PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. BOE 28-1-1986, núm. 24, [Pág. 3815]. RECTIFICACIONES:  BOE 30-1-1986, núm. 26;BOE 3-3-1986, núm. 53 (RCL 1986\661)
Desarrolla parcialmente la Ley 16/1985, de 25-6-1985 (RCL 1985\1547 y 2916).

AFECTADO-POR:
  - Modificado, Art.. 4º b), 6º.6, 8º a) y b), 9º, aps. 2 y 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.1, 23, 26.1 b), 28, 29, 30, 31, 32, 45.1,46.2 primer guión, 49, 50.1, 65.6, ap. 2 de disp. adic. 1ª, ap. 3 de disp. adic. 4ª, aps. 2 y 5 de disp. final 1ª y denominación del cap. VI del tit. II, por Real Decreto 21-1-1994, núm. 64/1994 (RCL_1994\626).
  - Añadido, ap 6 al art. 24, ap. 1 bis al art. 40, ap. 4 al art. 41, inciso primer párrafo del art. 42, núm. 4 al art. 46, ap. 3 al art. 52, Art.. 54 bis, 57 bis y cap III al tit. III, por Real Decreto 21-1-1994, núm. 64/1994 (RCL_1994\626).
  - Suprimido parcialmente, Art.. 33 y 34 y Sección 1ª del cap. VI del tit. II y su rótulo, rótulo de Sección 2ª del cap. VI del tit. II, disps. adic. 5ª, transits. 1ª, 2ª, 3ª y 4ª, salvo lo previsto en disp. transit. única del presente Real Decreto, en cuanto a las 1ª, 3ª y 4ª y final 2ª, por Real Decreto 21-1-1994, núm. 64/1994 (RCL_1994\626).
   - Modificado, Art. 58, por Ley 23-12-1987, núm. 33/1987 (RCL_1987\2660), Art. 20.
AFECTA:
  - Deroga Orden 15-2-1980 (RCL_1980\434).
  - Deroga Real Decreto 21-12-1979, núm. 2908/1979 (RCL_1980\24).
  - Deroga Real Decreto 13-7-1979, núm. 2101/1979 (RCL_1979\2182).
  - Desarrolla Ley 25-6-1985, núm. 16/1985 (RCL_1985\1547).

TEXTO:

TITULO PRIMERO
De los órganos colegiados

Artículo 1. El Consejo del Patrimonio Histórico, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español y los demás órganos colegiados que se determinan en el presente título intervienen en la aplicación de la Ley del Patrimonio Histórico Español (RCL_1985\1547 y 2916), con las funciones que en la propia Ley y en este Real Decreto se les atribuyen.

CAPITULO PRIMERO
CONSEJO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
 Artículo 2. El Consejo del Patrimonio Histórico tiene como finalidad esencial facilitar la comunicación y el intercambio de programas de actuación e información relativos al Patrimonio Histórico Español entre las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Artículo 3. En particular, son funciones del Consejo del Patrimonio Histórico:
a) Conocer los programas de actuación, tanto estatales como regionales, relativos al Patrimonio Histórico Español, así como los resultados de los mismos.
b) Elaborar y aprobar los Planes Nacionales de Información sobre el Patrimonio Histórico Español a que se refiere el artículo 35.1 de la Ley 16/1985 (RCL_1985\1547 y 2916).
c) Elaborar y proponer campañas de actividades formativas y divulgativas sobre el Patrimonio Histórico Español.
d) Informar las medidas a adoptar para asegurar la necesaria colaboración en orden al cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por España que afecten al Patrimonio Histórico Español.
e) Informar sobre el destino de los bienes recuperados de la exportación ilegal a que se refiere el artículo 29 de la Ley 16/1985.
f) Emitir informe sobre los temas relacionados con el Patrimonio Histórico Español que el Presidente del Consejo someta a su consulta.
g) Cualquier otra función que en el marco de la competencia del Consejo se le atribuya por alguna disposición legal o reglamentaria.

Artículo 4. El Consejo del Patrimonio Histórico que, adscrito al Ministerio de Cultura, tendrá su sede en Madrid, estará compuesto por:
a) Presidente: El Director general de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura, salvo en el caso de reuniones monográficas sobre el Patrimonio Bibliográfico que serán presididas por el Director general del Libro y Bibliotecas.
b) Vocales: Uno en representación de cada Comunidad Autónoma, designado por su Consejo de Gobierno.

Artículo 5. Los miembros del Consejo podrán asistir acompañados de un Asesor con voz y sin voto.

Artículo 6. 1. El Consejo funcionará en pleno y en comisiones.
2. El pleno del Consejo se reunirá como mínimo una vez al semestre en sesión ordinaria, y en extraordinaria por decisión del Presidente o cuando lo solicite la mitad más uno de sus miembros.
3. Las Comisiones tendrán funciones preparatorias de los asuntos sometidos a decisión del pleno que éste les encomiende.
4. El Consejo podrá también llamar a expertos y crear los Comités de Expertos que considere necesarios para el mejor desempeño de sus funciones.
5. El Consejo del Patrimonio Histórico contará con un Secretario como órgano de apoyo administrativo, que asistirá a las sesiones del mismo con voz pero sin voto, y al que corresponderá:
 a) Preparar, bajo la dirección del Presidente, el orden del día para las reuniones del Consejo y notificar las convocatorias del mismo.
b) Redactar las actas y expedir las certificaciones relativas a las sesiones del Consejo.
El Presidente del Consejo designará al Secretario de entre los Subdirectores generales del Ministerio de Cultura.
6. El funcionamiento y régimen de acuerdos del Consejo se ajustará a lo establecido en el capítulo segundo del título 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo (RCL_1958\1258 1469, 1504; RCL_1959\585 y NDL 24708).

No obstante, los acuerdos sobre asuntos comprendidos en los apartados b), d) y e) del artículo 3.° y en el número 4 del artículo 58 de este Real Decreto, sólo se considerarán válidamente adoptados si el Presidente del Consejo vota con la mayoría.

CAPITULO II
JUNTA DE CALIFICACIÓN, VALORACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL
Artículo 7. 1. La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, adscrita a la Dirección General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura, estará compuesta por:
a) Dieciocho Vocales designados por el Ministro de Cultura, 15 de ellos a propuesta del Director General de Bellas Artes y Archivos y tres a propuesta del Director general del Libro y Bibliotecas, entre personas de reconocida competencia en los distintos campos de actuación de la Junta.
b) Cuatro Vocales designados por el Ministro de Economía y Hacienda, uno a propuesta del Director general de Aduanas e Impuestos Especiales y tres a propuesta del Director general de Tributos.
2. El Ministro de Cultura nombrará libremente un Presidente y un Vicepresidente de entre los miembros de la Junta que le proponga el Director general de Bellas Artes y Archivos.
3. El cargo de miembro de la Junta tendrá una duración de dos años, pudiendo sus integrantes ser designados de nuevo.
4. Actuará como Secretario de la Junta, con voz pero sin voto, el titular de la unidad dependiente de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico que determine el Director general de Bellas Artes y Archivos.

 Artículo 8. Corresponde a la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, en relación a dichos bienes:
a) Dictaminar las solicitudes de permiso de exportación a que se refiere el artículo 5.2 de la Ley 16/1985.
b) Informar las solicitudes de permiso de exportación temporal del territorio español prevista en el artículo 31 de la Ley 16/1985.
c) Informar la permuta de bienes muebles de titularidad estatal que el Gobierno proyecte concertar con otros Estados, a que se refiere el artículo 34 de la Ley 16/1985.
d) Fijar el valor de los bienes exportados ilegalmente a los efectos de determinar la correspondiente sanción.
e) Valorar los bienes que se pretendan entregar al Estado en pago de la deuda tributaria y realizar las demás valoraciones que resulten necesarias para aplicar las medidas de fomento que se establecen en el título VIII de la Ley 16/1985.
A tal fin podrá solicitar informe de peritos y de las instituciones consultivas a que se refiere el artículo 3.2 de la Ley 16/1985. Para efectuar la tasación los miembros de la Junta y los Peritos que ésta designe tendrán acceso al bien para su examen.
En el caso de bienes muebles la Junta podrá acordar su depósito en un establecimiento oficial.
f) Valorar los bienes que el Ministerio de Cultura proyecte adquirir con destino a Bibliotecas, Archivos y Museos de titularidad estatal cuando estos carezcan de sus propios órganos de valoración e informar el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por la Administración del Estado, en los términos previstos en este Real Decreto.
g) Cualquier otra función que se le atribuya por alguna disposición legal o reglamentaria.

Artículo 9. 1. La Junta se reunirá en pleno una vez al mes en sesión ordinaria, y en extraordinaria por decisión del Presidente o cuando lo solicite la mitad más uno de sus miembros.
2. La Junta podrá constituir Secciones en su seno compuestas como mínimo por tres de sus miembros, en las que podrá delegar el ejercicio de las facultades siguientes:
-Dictaminar las solicitudes de permiso de exportación a que se refiere el artículo 5.2 de la Ley 16/1985, cuando se trate de bienes cuyo valor económico no exceda de 5.000.000 de pesetas.

-Informar las solicitudes de permiso de exportación temporal, prevista en el artículo 31 de la Ley 16/1985, de bienes que no hayan sido declarados de interés cultural o inexportables.
-Efectuar las valoraciones e informar el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto previstos en el apartado f) del artículo anterior. Cuando el valor apreciado resulte superior a 5.000.000 de pesetas se dará traslado del expediente al pleno para su decisión.
3. La Junta podrá actuar también en ponencias que tendrán funciones preparatorias de los asuntos sometidos a la decisión del pleno que éste les encomiende.
4. Se constituirá una Comisión de Valoración integrada por cuatro Vocales designados por el Ministro de Cultura, a propuesta del Director general de Bellas Artes y Archivos, de entre los contenidos en el apartado a) del artículo 7.°, y por los cuatro Vocales a que se refiere el apartado b) de dicho artículo.
El Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del Director general de Tributos, designará al Presidente de la Comisión de entre los miembros de la misma.
Compete a esta Comisión valorar los bienes a que se refiere el apartado e) del artículo 8 y las disposiciones transitorias primera y segunda de este Real Decreto.
El funcionamiento y régimen de acuerdos de la Comisión se ajustará a lo establecido en el capítulo II del título I de la Ley de Procedimiento Administrativo (RCL_1958\1258, 1469, 1504; RCL_1959\585 y NDL 24708).
5. La Junta podrá solicitar informes o estudios a especialistas o Instituciones sobre los aspectos que considere necesarios en el ejercicio de sus funciones.
6. El funcionamiento de la Junta y la abstención y recusación de sus miembros se ajustarán a lo establecido en los capítulos II y IV, respectivamente, del título I de la Ley de Procedimiento Administrativo.
 7. Los miembros de la Junta tendrán derecho a percibir las indemnizaciones por razón de servicio, cuando proceda, y las remuneraciones correspondientes por sus trabajos de asesoramiento, ateniéndose, en su caso, a lo establecido en la legislación sobre incompatibilidades.

CAPITULO III
INSTITUCIONES CONSULTIVAS
Artículo 10. Son Instituciones consultivas de la Administración del Estado a los efectos del artículo 3.2 de la Ley 16/1985:
a) La Junta Superior de Monumentos y Conjuntos Históricos.
b) La Junta Superior de Archivos.
c) La Junta Superior de Bibliotecas.
d) La Junta Superior de Arte Rupestre.
e) La Junta Superior de Museos.
f) La Junta Superior de Excavaciones y Exploraciones Arqueológicas.
g) La Junta Superior de Etnología.

TITULO II
De los instrumentos administrativos

CAPITULO PRIMERO
DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL
Artículo 11. 1. Corresponde a cada Comunidad Autónoma incoar, de oficio o a instancia de cualquier persona, los expedientes para declarar de interés cultural los bienes de titularidad pública o privada que se encuentren en su ámbito territorial, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.
2. Corresponde al Ministerio de Cultura incoar, de oficio o a instancia de cualquier persona, los expedientes para declarar de interés cultural los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional.
El Ministerio de Cultura también incoará estos expedientes sobre bienes de titularidad pública o privada si hubiera requerido a la correspondiente Comunidad Autónoma dicha incoación a los efectos previstos en el artículo 4.° de la Ley 16/1985 y este requerimiento hubiera sido desatendido.
El requerimiento se entenderá desatendido si en el mes siguiente de haber sido efectuado la Comunidad Autónoma no incoa el expediente o no adopta otra medida de protección suficiente para evitar el peligro de pérdida o destrucción de todos o alguno de los valores de los bienes objeto del requerimiento o la perturbación de su función social.

Artículo 12. 1. El acto por el que se incoa el expediente deberá describir para su identificación el bien objeto del mismo. En caso de bienes inmuebles, el acto de incoación deberá además delimitar la zona afectada, motivando esta delimitación.
Cuando se trate de un inmueble que contenga bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español, que por su vinculación a la historia de aquél deban ser afectados por la declaración de bien de interés cultural, en la incoación se relacionarán estos bienes con una descripción suficiente para su identificación, sin perjuicio de que pueda ampliarse la relación durante la tramitación del expediente.
2. La incoación se notificará a los interesados cuando se refiera a expedientes sobre bienes muebles, Monumentos y Jardines Históricos y, en todo caso, al Ayuntamiento, en cuyo término municipal éstos radiquen, si se trata de inmuebles.
La incoación se publicará también en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su eficacia desde la notificación y se comunicará al Registro General de Bienes de Interés Cultural para su anotación preventiva.
3. La incoación del expediente determinará en relación al bien afectado la aplicación provisional del régimen de protección previsto para los bienes de interés cultural.

Artículo 13. 1. Corresponde la instrucción del expediente a la Administración Pública que lo haya incoado, quien podrá recabar de los propietarios o titulares de derechos reales el examen del bien, así como las informaciones sobre el mismo que estime necesarias.
2. La instrucción del expediente se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 16/1985 y en su tramitación serán de aplicación las normas generales del procedimiento administrativo. Cuando se refiera a inmuebles se dispondrá la apertura de un período de información pública y se dará audiencia al Ayuntamiento interesado.
3. En el caso de que el órgano que instruye el expediente solicite el preceptivo informe de una Institución consultiva y ésta, por su especialidad, no se considere la adecuada para emitir el informe, lo denegará en el plazo de quince días a partir de la recepción de la solicitud.

Artículo 14. 1. Instruido el expediente por la correspondiente Comunidad Autónoma, el órgano competente de ésta adoptará el acuerdo sobre la procedencia de la declaración que notificará a los interesados.
2. Cuando la Comunidad Autónoma considere que procede declarar de interés cultural un determinado bien, por estimar que reúne los valores necesarios para gozar de esta protección, instará del Gobierno dicha declaración. A tal efecto, comunicará al Ministerio de Cultura que se han cumplimentado los trámites preceptivos en la incoación e instrucción del expediente, y acompañará un extracto de éste en el que consten los datos necesarios para la declaración y los documentos gráficos que se señalan en el anexo número 1.
3. La documentación que antecede deberá remitirse dentro de los quince meses siguientes a la incoación del expediente.
4. Si el expediente hubiera sido incoado por la Comunidad Autónoma a requerimiento del Ministerio de Cultura y no se hubiera remitido la documentación en el plazo previsto en el número anterior, dicho Departamento podrá requerir a aquélla para que lo haga dentro del mes siguiente y, en caso de incumplimiento, la sustituirá en la tramitación del expediente.

Artículo 15. La declaración de bien interés cultural se efectuará mediante Real Decreto, a iniciativa, en su caso, de la correspondiente Comunidad Autónoma y a propuesta del Ministerio de Cultura.

El Real Decreto por el que se declara un bien de interés cultural deberá describirlo claramente para su identificación y, en su caso, contendrá las especificaciones a que se refieren los artículos 11.2 y 27 de la Ley 16/1985.

 Artículo 16. 1. Publicado el Real Decreto de Declaración de Bien de Interés Cultural, el Registro General a que se refieren los artículos 12 de la Ley 16/1985 y 21 del presente Real Decreto, inscribirá de oficio la declaración.
2. En caso de Monumentos y Jardines Históricos, la Administración que ha tramitado el expediente instará de oficio la inscripción gratuita de la declaración en el Registro de la Propiedad.
Será título suficiente para efectuar dicha inscripción la certificación administrativa expedida por la autoridad encargada de la protección del bien inmueble en la que se transcriba la declaración de Monumento o de Jardín Histórico.

Artículo 17. 1. Corresponde a la Comunidad Autónoma en la que esté ubicado el bien declarado de interés cultural incoar, de oficio o a instancia del titular de un interés legítimo y directo, el expediente para dejar sin efecto la declaración, con excepción de lo previsto en el apartado siguiente.
2. Corresponde al Ministerio de Cultura incoar de oficio o a instancia del titular de un interés legítimo y directo, estos expedientes respecto a los bienes de interés cultural que estén adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional.

Artículo 18. La incoación del expediente se notificará y publicará en los términos previstos en el artículo 12.2 del presente Real Decreto y su tramitación se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la citada norma.

Artículo 19. 1. Instruido el expediente por la correspondiente Comunidad Autónoma, el órgano competente de ésta adoptará el acuerdo sobre la procedencia de dejar sin efecto la declaración que notificará a los interesados.
2. Cuando la Comunidad Autónoma considere que procede dejar sin efecto la declaración de bien de interés cultural, lo solicitará al Gobierno. A tal efecto, trasladará al Ministerio de Cultura este acuerdo motivado, en el que se manifestará haber cumplimentado los trámites preceptivos en la tramitación del expediente, junto con una copia del informe favorable y razonado previsto en el artículo 9.5 de la Ley 16/1985.

Artículo 20. 1. Corresponde al Ministerio de Cultura proponer al Gobierno a iniciativa, en su caso, de la correspondiente Comunidad Autónoma, el Real Decreto por el que queda sin efecto la declaración de un determinado Bien de Interés Cultural.
2. La citada resolución cancelará la inscripción del Bien en el Registro General de Bienes de Interés Cultural.
3. El Real Decreto por el que queda sin efecto la declaración de Monumento o de Jardín Histórico cancelará la correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad. Será título suficiente para esta cancelación la certificación administrativa, expedida por la autoridad a la que correspondía la protección del bien inmueble, en la que se transcriba la resolución por la que queda sin efecto dicha declaración.

CAPITULO II
REGISTRO GENERAL DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL
Artículo 21. 1. El Registro General de Bienes de Interés Cultural tiene por objeto la anotación e inscripción de los actos que afecten a la identificación y localización de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español declarados de interés cultural. Estará adscrito a la Dirección General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura que, a través de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico, desarrollará las funciones relativas a la formación y actualización del citado Registro.

2. Cada bien que se inscriba en el Registro General tendrá un código de identificación.
3. Se anotarán en el Registro, además de los datos recogidos en el extracto del expediente de declaración, los siguientes:
a) Fecha de la declaración de interés cultural y de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
b) Régimen de visitas o, en su caso, de los depósitos que se acuerden para la exhibición del bien previstos en el artículo 13.2 de la Ley 16/1985, que a estos efectos, la Administración competente comunicará al Registro.
c) Las transmisiones por actos ínter vivos o mortis causa y los traslados. A este fin los propietarios y los poseedores comunicarán al Registro General tales actos, aportando, en su caso, copias notariales o certificaciones registrales o administrativas de los documentos en que consten aquellos actos.
d) Los anticipos reintegrables previstos en el artículo 36.3 de la Ley 16/1985, concedidos por la Administración del Estado, que se inscribirán de oficio.
e) Las restauraciones que se comunicarán por el órgano que las autorice.
4. Cualquier inscripción relativa a un bien que se efectúe de oficio será notificada al titular de aquél.
5. El Registro General sólo da fe de los datos consignados en el mismo a los efectos previstos en la Ley 16/1985.

Artículo 22. 1. Será preciso el consentimiento expreso del titular para la consulta pública de los datos contenidos en el Registro General sobre:
a) La situación jurídica y el valor de los bienes inscritos.
b) Su ubicación, en el caso de bienes muebles, cuando por la Administración competente se hubiera dispensado totalmente de la obligación de visita pública a que se refiere el artículo 13.2 de la Ley 16/1985.
2. En el caso de que falte el consentimiento del titular para informar sobre la localización del bien y si existe una solicitud razonada para su estudio con fines de investigación debidamente acreditados, la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico lo comunicará al Órgano competente para la protección del bien a fin de que acuerde las medidas oportunas para permitir el acceso al mismo, sin desvelar en ningún caso los datos a que hace referencia el apartado 1.
3. En el caso de zonas arqueológicas cuyos yacimientos no estén abiertos a la vista pública será preciso que el Órgano competente para la protección del bien autorice la consulta de la ubicación de la zona.

Artículo 23. 1. A petición del propietario o titular de derechos reales sobre un bien de interés cultural o, en su caso, del Ayuntamiento interesado se expedirá por el Registro un título oficial, cuyo modelo consta en el anexo número 2 de este Real Decreto, en el que se reflejarán todos los actos jurídicos o artísticos que sobre el bien inscrito se efectúen.
2. La Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico extenderá las diligencias que resulten necesarias para la actualización del título a instancia del interesado, quien deberá acreditar el acto jurídico o artístico cuya anotación inste.

CAPITULO III
INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

Artículo 24. 1. El Inventario General comprenderá los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español, no declarados de interés cultural, que tengan singular relevancia por su notable valor histórico, arqueológico, artístico, científico, técnico o cultural. Estará adscrito a la Dirección General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura que, a través de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico, desarrollará las funciones relativas a la formación y actualización del citado Inventario General.
2. Cada bien que se inscriba en el Inventario General tendrá un código de identificación.
3. Se anotarán en el Inventario General respecto a los bienes incluidos en el mismo, además de los datos recogidos en el extracto del expediente de inclusión a que se refiere el artículo 29, los siguientes:

a) Fecha de inclusión del bien en el Inventario General.
b) Las transmisiones por actos ínter vivos o mortis causa y los traslados de estos bienes.
c) Los anticipos reintegrables previstos en el artículo 36.3 de la Ley 16/1985, concedidos por la Administración del Estado.
4. Las anteriores anotaciones y comunicaciones se efectuarán conforme a lo establecido en los apartados 3 c), 3 d) y 4 del artículo 21 de este Real Decreto.
5. El Inventario General sólo da fe de los actos consignados a los efectos previstos en la Ley 16/1985.

Artículo 25. 1. No se permitirá la consulta pública de los datos relativos a la situación jurídica, localización y valoración económica de los bienes sin el consentimiento expreso del titular, conforme a lo dispuesto en el artículo 57.1. c) de la Ley 16/1985.
2. En el caso de que falte el consentimiento del titular para informar sobre la localización del bien y si existe una solicitud razonada para su estudio con fines de investigación debidamente acreditados, la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico lo comunicará al organismo competente para la protección del bien a fin de que acuerde las medidas oportunas para el acceso al mismo, sin desvelar en ningún caso los datos a que hace referencia el apartado anterior.

Artículo 26. 1. A los solos efectos de facilitar la elaboración del Inventario General, la obligación de comunicación que la Ley 16/1985 en su artículo 26.4 señala a los propietarios o poseedores y a las personas o entidades que ejerzan habitualmente el comercio de los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español, se circunscribe a los siguientes bienes:
a) Bienes que tengan incoado expediente para su inclusión en el Inventario General en tanto aquél no se resuelva.
b) Bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, cuyo valor económico sea igual o superior a las cantidades que a continuación se indican:
-Siete millones de pesetas cuando se trate de obras pictóricas y escultóricas con menos de cien años de antigüedad.
-Cinco millones de pesetas en el caso de obras pictóricas con más de cien años de antigüedad.
-Cuatro millones de pesetas cuando se trate de obras escultóricas, relieves o bajo relieves con más de cien años de antigüedad.
 -Tres millones de pesetas en los casos de tapices, alfombras o tejidos históricos, grabados, colecciones de documentos en cualquier soporte, libros impresos e instrumentos musicales históricos.
-Dos millones de pesetas cuando se trate de mobiliario.
-Un millón de pesetas en los casos de objetos de cerámica, porcelana o cristal antiguos, documentos unitarios en cualquier soporte y libros manuscritos.
-Quinientas mil pesetas cuando se trate de objetos arqueológicos.
-Cien mil pesetas cuando se trate de objetos etnográficos.
c) Los que el Gobierno determine mediante Real Decreto a propuesta del Ministro de Cultura.
2. Las personas o entidades a que se refiere el apartado anterior comunicarán por escrito al órgano encargado de la protección del Patrimonio Histórico Español de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial radique el bien, la existencia de éste antes de proceder a su transmisión a terceros haciendo constar, en su caso, el precio convenido.

Artículo 27. 1. Las personas o entidades que ejerzan habitualmente el comercio de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico deberán formalizar, ante el órgano competente de la protección de este Patrimonio en la correspondiente Comunidad Autónoma, un libro de registro de las transacciones que efectúen sobre los bienes a que se refiere el artículo anterior.
2. Se anotarán en el libro de registro los datos de las partes intervinientes en la transmisión del objeto y se describirá éste de forma sumaria, con especificación de su precio.

3. Sin perjuicio de las competencias de la respectiva Comunidad Autónoma y de las reconocidas a otros Órganos por el ordenamiento jurídico, el Ministerio de Cultura tendrá también acceso a estos libros de registro a los efectos de conocimiento y evaluación del Patrimonio Histórico Español.

CAPITULO IV
INCLUSIÓN DE BIENES EN EL INVENTARIO GENERAL

Artículo 28. 1. El Ministerio de Cultura, en colaboración con los órganos de las Comunidades Autónomas encargados de la protección del Patrimonio Histórico Español, confeccionará el Inventario General de Bienes Muebles.
2. La competencia para incoar de oficio o a instancia de los interesados los expedientes de inclusión en el Inventario General se determinará por las disposiciones contenidas en el artículo 11 de este Real Decreto.
3. Cuando el propietario u otro titular de derechos reales sobre un bien presente solicitud debidamente documentada a fin de que se inicie el procedimiento para la inclusión de dicho bien en el Inventario General, el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente resolverá en el plazo de cuatro meses sobre la procedencia de la incoación del expediente conforme a lo dispuesto en el artículo 26.3 de la Ley 16/1985.

Artículo 29. 1. La incoación del expediente se notificará, en todo caso, a los interesados y se comunicará al Inventario General para su anotación preventiva. Esta comunicación deberá contener una descripción suficiente del bien para su identificación.
2. El expediente se tramitará siguiendo las normas generales de procedimiento administrativo.
3. La incoación del expediente determinará a los efectos de exportación, la aplicación provisional del régimen de protección previsto para los bienes incluidos en el Inventario General.

Artículo 30. 1. Corresponde al Ministerio de Cultura resolver la inclusión de bienes muebles en el Inventario General.
2. Cuando el expediente haya sido instruido por una Comunidad Autónoma y el órgano competente de ésta acuerde la inclusión del bien en el Inventario General, notificará a los interesados este acuerdo y dará traslado del mismo al Ministerio de Cultura haciendo constar el cumplimiento de lo preceptuado en la tramitación del expediente y acompañará un extracto de éste en el que se reflejen los datos, junto con los documentos gráficos que se reseñan en el anexo número 1.
3. Transcurridos tres meses desde la entrada en el Ministerio de Cultura de la documentación señalada en el apartado anterior sin recaer resolución expresa, se entenderá que el bien ha sido incluido en el Inventario General.
4. No obstante lo dispuesto en este artículo, transcurrido un año desde la fecha de la anotación preventiva en el Inventario General a que se refiere el artículo 29.1 de este Real Decreto, el Ministerio de Cultura podrá recabar de las Comunidades Autónomas información sobre la terminación de los expedientes incoados. Si estos expedientes no estuvieran resueltos, dicho Departamento podrá requerir a la Comunidad Autónoma correspondiente para que resuelva dentro del mes siguiente y, en caso de incumplimiento o cuando aquélla no pueda resolver por haber sido trasladado el bien fuera de su ámbito territorial, el Ministerio de Cultura podrá sustituirla en la tramitación del expediente.
5. La Administración que ha instruido el expediente comunicará a los interesados la inclusión de un determinado bien mueble en el Inventario General.

CAPITULO V
EXCLUSIÓN DE BIENES DEL INVENTARIO GENERAL
Artículo 31. De oficio o a instancia del titular de un interés legítimo y directo podrá tramitarse expediente administrativo para acordar la exclusión del Inventario General de un determinado bien.
 La competencia para la incoación e instrucción del expediente se determinará por las disposiciones contenidas en el artículo 17 de este Real Decreto.
La notificación del expediente y su tramitación se efectuará en los términos previstos en el artículo 29.
 

Artículo 32. 1. Corresponde al Ministerio de Cultura resolver la exclusión de los bienes muebles del Inventario General.
2. Cuando el expediente haya sido instruido por una Comunidad Autónoma, el órgano competente de ésta remitirá la propuesta motivada de exclusión al Ministerio de Cultura en la que hará constar la observancia de lo preceptuado en la tramitación del expediente.
3. La Administración que ha instruido el expediente comunicará a los interesados la exclusión de un determinado bien mueble del Inventario General.
4. La exclusión de un bien del Inventario General cancelará su inscripción en el mismo.

CAPITULO VI
CENSO DE LOS BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL Y CATALOGO COLECTIVO DE LOS BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
Sección 1.ª Integración y exclusión de fondos de titularidad privada del Patrimonio Bibliográfico y Documental
Artículo 33. El Ministerio de Cultura, de oficio o a propuesta del Organismo competente de la Comunidad Autónoma de radicación del bien, podrá declarar constitutivos del Patrimonio Documental los documentos a que se refiere el artículo 49.5 de la Ley 16/1985.
La declaración requerirá la previa incoación y tramitación de expediente administrativo en el que deberá constar informe favorable de una de las Instituciones consultivas enunciadas en el artículo 3.º 2 de la citada Ley. La declaración se efectuará mediante Orden que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 34. Para autorizar la exclusión del Patrimonio Documental y Bibliográfico de los bienes de titularidad privada a que se refiere el artículo 55.3 de la Ley 16/1985, se requerirá la previa incoación e instrucción de expediente administrativo en el que deberán constar los informes favorables de una de las Instituciones consultivas a que se refiere el artículo anterior y del Ministerio de Cultura.
Cuando el órgano competente para autorizar la exclusión señale al solicitante indicaciones sobre la conservación de muestras del fondo que hayan de preservarse de la exclusión, será requisito previo a la concesión de la autorización la presentación por parte del titular de la correspondiente propuesta de datos que cubra las indicaciones señaladas.

Sección 2.ª Elaboración del Censo y del Catálogo colectivo
Artículo 35. El Ministerio de Cultura, en colaboración con las Administraciones de las Comunidades Autónomas, confeccionará el Censo de los bienes integrantes del Patrimonio Documental y el Catálogo colectivo de los bienes integrantes del Patrimonio Bibliográfico.

Artículo 36. El Censo comprenderá la información básica sobre archivos, colecciones y fondos de documentos, entendidos éstos como toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en todo tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 16/1985. Estará adscrito a la Dirección General de Bellas Artes y Archivos.
El Catálogo colectivo comprenderá la información básica sobre bibliotecas, colecciones y ejemplares de materiales bibliográficos de carácter unitario o seriado en escritura manuscrita o impresa y sobre los ejemplares producto de ediciones de películas cinematográficas, discos, fotografías, materiales audiovisuales y otras similares, cualquiera que sea su soporte material, que integran el Patrimonio Bibliográfico a que se refiere el artículo 50 de la Ley 16/1985, y estará adscrito a la Dirección General del Libro y Bibliotecas.

Artículo 37. 1. La competencia para efectuar la recogida de datos, a fin de confeccionar el Censo y el Catálogo colectivo, se determinará por las disposiciones contenidas en el artículo 11 de este Real Decreto.

2. No obstante, el requerimiento previsto en dicho artículo se entenderá desatendido si, en el mes siguiente de haberse efectuado, la Comunidad Autónoma no inicia la actuación que le ha sido requerida y existe peligro de pérdida o destrucción de todos o alguno de los valores de los bienes objeto del requerimiento o la perturbación de su función social.
3. A los efectos de facilitar la elaboración del Censo y del Catálogo colectivo, el Ministerio de Cultura podrá establecer convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas.

Artículo 38. El Ministerio de Cultura, oído el Consejo del Patrimonio Histórico, diseñará los modelos de descripción y formulará las instrucciones técnicas de recogida, tratamiento y remisión de las informaciones por la Administración competente, para su integración por dicho Ministerio en las bases de datos correspondientes al Censo y Catálogo colectivo. No obstante, ambas Administraciones podrán convenir el tratamiento informático parcial o total por la Comunidad Autónoma respectiva de modo que quede garantizada la integración técnica en las correspondientes bases de datos.

Artículo 39. Será de aplicación a la consulta pública de los datos relativos a la situación jurídica, localización y valoración económica de los bienes incluidos en el Censo y en el Catálogo colectivo lo dispuesto en el artículo 25.
No obstante, en el caso de solicitud razonada para estudio del bien con fines de investigación debidamente acreditados a que se refiere el apartado 2 del artículo 25, se aplicarán las limitaciones que se derivan de lo establecido en los artículos 52.3 y 57.1, c), de la Ley 16/1985.

TITULO III
De la transmisión y exportación de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español

CAPITULO PRIMERO
ENAJENACIÓN
Artículo 40. 1. Quien tratare de enajenar un bien que haya sido declarado de Interés Cultural, o que tenga incoado expediente para su declaración, o esté incluido en el Inventario General, deberá notificarlo al órgano de la Comunidad Autónoma correspondiente encargado de la protección del Patrimonio Histórico Español y al Ministerio de Cultura, declarando el precio y las condiciones en que se proponga realizar la enajenación. En la notificación se consignará el Código de identificación del bien o, en su caso, el número de anotación preventiva.
2. Los subastadores, con un plazo de antelación no superior a seis semanas ni inferior a cuatro, deberán notificar a los citados organismos las subastas públicas en las que se pretenda enajenar cualquier bien integrante del Patrimonio Histórico Español, mediante la remisión de los datos que figurarán en los correspondientes catálogos.
3. La determinación de la Comunidad Autónoma que, a los efectos de este capítulo, ha de ser notificada, se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Cuando se trate de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario General, será la correspondiente al lugar de ubicación del bien que conste en el Registro General o en el Inventario General a que se refieren los artículos 21 y 24, respectivamente.
b) En el caso de bienes que tengan incoado expediente para su declaración de Interés Cultural o su inclusión en el Inventario General será la que ha incoado dicho expediente.
 c) Respecto a los demás bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español será la de ubicación del bien en el momento en que se efectúe la subasta.
4. La Comunidad Autónoma competente podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto sobre los bienes referidos en los términos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 16/1985.
 

Artículo 41. 1. Dentro de los dos meses siguientes a la notificación prevista en el artículo anterior, la Administración del Estado, a través del Ministerio de Cultura, podrá hacer uso del derecho de tanteo para sí, para una entidad benéfica o para cualquier entidad de derecho público, previo informe de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, obligándose al pago del precio convenido o, en su caso, el de remate, en un período no superior a dos ejercicios económicos, salvo acuerdo con el interesado en otra forma de pago. En el indicado plazo de dos meses se comunicará al vendedor el ejercicio de este derecho.
2. En el caso de subastas públicas no será preceptivo el dictamen de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación, y la Administración del Estado podrá ejercer el derecho de tanteo mediante la comparecencia de un representante del Ministerio de Cultura en la subasta, el cual, en el momento en que se determine el precio de remate del bien subastado, manifestará el propósito de hacer uso de tal derecho, quedando en suspenso la adjudicación del bien. En un plazo de siete días hábiles, a partir de la celebración de la subasta, se comunicará al subastador del ejercicio del derecho de tanteo.
3. En todo caso, la Orden por la que se acuerda ejercitar el derecho de tanteo se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su eficacia desde la comunicación.

Artículo 42. Cuando el propósito de la enajenación no se hubiere notificado correctamente, la Administración del Estado, a través del Ministerio de Cultura, podrá ejercitar en los mismos términos previstos para el derecho de tanteo, el de retracto en el plazo de seis meses, a partir de la fecha en que tuviera conocimiento fehaciente de la enajenación.
 La Orden por la que se acuerde ejercitar el derecho de retracto se notificará al vendedor y al comprador en el plazo que antecede y se publicará, además en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 43. A partir de la publicación de las referidas Ordenes, el bien sobre el que se ha ejercitado el derecho de tanteo o de retracto quedará bajo la custodia del Ministerio de Cultura en el lugar que designe, pudiendo también acordar que quede bajo la custodia de sus propietarios en concepto de depósito con las garantías que al efecto determine.

Artículo 44. La enajenación de los bienes muebles que forman parte del Patrimonio Histórico Español efectuada en contravención de lo dispuesto en el artículo 28 y en la Disposición transitoria quinta de la Ley 16/1985, es nula, correspondiendo al Ministerio Fiscal ejercitar, en defensa de la legalidad y del interés público y social, las acciones de nulidad en los procesos civiles.

CAPITULO II
EXPORTACIÓN
Artículo 45. 1. A los efectos del presente Real Decreto, se entiende por exportación la salida del territorio español de cualquiera de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español.
2. Requiere permiso expreso y previo del Ministerio de Cultura la exportación, incluso de carácter temporal, de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español con cien o más años de antigüedad, o que estén incluidos en el Inventario General o tengan incoado expediente para su inclusión.
3. Igual permiso requiere la exportación temporal de los bienes declarados de Interés Cultural o de los que tengan incoado expediente para esta declaración, así como la de aquellos otros que, por su pertenencia al Patrimonio Histórico Español, el Ministerio de Cultura declare expresamente inexportables, como medida cautelar hasta que se incoe expediente para incluir el bien en alguna de las categorías de protección especial previstas en la Ley 16/1985.
4. La concesión por el Ministerio de Cultura de estos permisos de exportación no eximirá del cumplimiento de las formalidades y requisitos que rigen con carácter general el comercio exterior.

Sección 1.ª Permiso de exportación
Artículo 46. 1. En la solicitud del permiso de exportación de los bienes a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior deberán constar, como mínimo, los siguientes datos:
a) Respecto al solicitante, título jurídico del mismo y compromiso de permitir el examen o depósito del bien.
b) Respecto al bien, el código de identificación, si lo tuviera, y, en su defecto, declaración acerca de si existe expediente incoado para la inclusión en el Inventario General y lugar donde el bien se encuentra.

c) Declaración del valor del bien, hecha por el solicitante, salvo que se trate de bienes importados en los términos previstos en el artículo 32 de la Ley 16/1985.
2. Cuando el bien no esté incluido en el Inventario General, se unirá a la solicitud la siguiente documentación:
-Dos fotografías en color del objeto en tamaño mínimo de 8 * 12 centímetros, o reproducciones en el soporte adecuado a la naturaleza del bien, una de conjunto y otra de un detalle si el objeto lo requiere para su identificación o, en su caso del anverso y reverso.
-Descripción técnica del objeto especificando materia, procedimiento y dimensiones, así como época, escuela o autor, si se conociera. Descripción bibliográfica. En el caso de objetos de piedras o metales preciosos se especificará también el peso.
-Fotocopia de la declaración a que se refiere el apartado siguiente, cuando se trate de bienes importados en los términos señalados en el artículo 32 de la Ley 16/1985.
3. Para la identificación del bien importado, y a los efectos del artículo 32 de la Ley 16/1985, el titular de aquél presentará en el momento de la importación, ante los servicios aduaneros, una declaración en ejemplar duplicado, según anexo número 3, para ser sellada y conformada. Esta declaración deberá presentarse ante la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, dentro de los tres meses siguientes a la importación, la cual, una vez comprobados los datos, devolverá un ejemplar al titular.

Artículo 47. 1. La solicitud del permiso de exportación se remitirá al Ministerio de Cultura, salvo en las Comunidades Autónomas que tengan asumidas competencias de tramitación de estas solicitudes.
2. En las Comunidades Autónomas que tengan asumidas competencias en materia de exportación de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, la solicitud relativa a los bienes ubicados en el ámbito territorial de esa Comunidad Autónoma deberá tramitarse ante los órganos competentes de la misma. La denegación de la solicitud pondrá fin al expediente y deberá ser comunicada al Ministerio de Cultura a los efectos previstos en el artículo 50.2. En el caso de que no se deniegue la solicitud se dará traslado del expediente al Ministerio de Cultura para su resolución definitiva.
3. La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español dictaminará estas solicitudes. A tal efecto podrá acordar, cuando las circunstancias lo aconsejen, que los bienes cuyo permiso de exportación se solicita sean depositados en un establecimiento para su examen.
Dicha Junta podrá exigir al solicitante que acredite documentalmente su propiedad sobre el objeto o que está autorizado por su propietario para la venta o exportación del mismo.

Artículo 48. 1. La Dirección General de Bellas Artes y Archivos, visto el dictamen de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, resolverá las solicitudes de permiso de exportación.
2. La resolución por la que se deniegue el permiso de exportación de un bien que no esté incluido en alguna de las categorías de protección especial previstas en la Ley 16/1985, deberá contener el acuerdo de requerir a la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito está ubicado aquél para que incoe expediente a efectos de su inclusión en una de estas categorías de protección.
3. La Dirección General de Bellas Artes y Archivos extenderá un certificado de la resolución por la que se concede el permiso para la exportación del bien, que deberá acompañar al mismo.
4. El permiso de exportación de un bien incluido en el Inventario General cancelará su inscripción en el mismo.
 

Artículo 49. 1. La resolución de la solicitud de permiso de exportación deberá dictarse en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de su presentación, pudiendo el interesado denunciar la mora y reiterar la solicitud ante el Director General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura, quien podrá resolver, aun en el caso de no haber emitido su dictamen la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. Transcurrido un mes desde la presentación de la denuncia de la mora con reiteración de la solicitud sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá denegado el permiso.
2. La denegación tácita no eximirá de dictar resolución expresa y de realizar, en su caso, el requerimiento previsto en el artículo 48.2.

Artículo 50. 1. La declaración del valor del bien objeto de la solicitud del permiso de exportación hecha por el solicitante será considerada oferta de venta irrevocable en favor de la Administración del Estado, siendo el precio de la misma el valor señalado.
2. Cuando no se conceda el permiso para la exportación, la Administración del Estado, a través del Ministerio de Cultura, dispondrá de seis meses, a partir de la resolución, para aceptar la oferta de venta, y de un año, desde la aceptación, para efectuar el pago que proceda.
3. La aceptación de esta oferta de venta por la Administración del Estado se acordará mediante Orden del Ministerio de Cultura, que se notificará al interesado. A partir de esta notificación el bien quedará bajo la custodia del citado Ministerio en el lugar que designe, pudiendo también acordar que quede bajo la custodia de sus propietarios en concepto de depósito con las garantías que al efecto determine.
4. El incumplimiento por parte de la Administración del Estado de los plazos señalados en este artículo supondrá la caducidad de su derecho de adquisición y se reintegrará a su titular en la libre disposición del bien.

Artículo 51. El Ministerio de Cultura, cuando las circunstancias lo aconsejen podrá declarar inexportable un determinado bien integrante del Patrimonio Histórico como medida cautelar hasta que se incoe expediente para incluir al bien en alguna de las categorías de protección especial previstas en la Ley 16/1985. En la orden que efectúe esta declaración se acordará requerir a la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial se encuentre este bien para que incoe el correspondiente expediente.

Sección 2.ª Permiso de exportación temporal
Artículo 52. 1. En la solicitud del permiso para la exportación temporal de los bienes a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 45 se consignarán, como mínimo, los siguientes datos:
a) Respecto al solicitante, título jurídico del mismo y compromiso de permitir el examen o depósito del bien.
 b) En relación con el bien objeto de la exportación temporal, su código de identificación, si lo tuviera y, en su defecto, declaración acerca de si existe expediente incoado para la inclusión en alguna de las categorías de protección especial previstas en la Ley 16/1985; el lugar en que se encuentra el bien.
c) Finalidad y duración de la exportación cuyo permiso se solicita.
2. Cuando el bien no esté declarado de interés cultural ni incluido en el Inventario General se unirá a la solicitud la documentación exigida en el artículo 46.2.

Artículo 53. La tramitación de las solicitudes de permiso de exportación temporal se regirá por lo dispuesto en el artículo 47, pero la Junta de Calificación, Valoración y Exportación deberá proponer las condiciones de retorno y demás garantías que estime convenientes para la conservación del bien.

Artículo 54. La resolución de estas solicitudes se regirá por lo dispuesto en los artículos 48 y 49, con las siguientes salvedades:
1. La resolución por la que se permite la exportación temporal deberá contener las condiciones del retorno y demás garantías que se establezcan para la conservación del bien que se exporta.
2. Cuando se trate de bienes de interés cultural o de bienes declarados inexportables, la resolución deberá ser siempre expresa y requerirá en todo caso dictamen previo de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación.
3. El permiso de exportación temporal se anotará, en su caso, en el Registro o en el inventario a que se refieren los artículos 21 y 24, respectivamente.
 

Artículo 55. El incumplimiento de las condiciones del retorno a España de los bienes cuya exportación temporal ha sido permitida tendrá la consideración de exportación ilícita.

 Artículo 56. 1. El período máximo ininterrumpido de estancia en el exterior que puede permitirse será de cinco años, renovable por períodos de inferior o igual duración hasta diez años, cuando se trate de bienes comprendidos en el apartado 3 del artículo 45, y hasta veinte años en los demás casos.
2. Transcurrido el plazo máximo autorizado, el bien deberá retornar a España para su examen. Efectuado el retorno se podrá solicitar nuevamente el permiso de salida temporal.
3. Excepcionalmente, la Dirección General de Bellas Artes y Archivos podrá acordar, cuando las circunstancias lo aconsejen, sustituir el retorno del bien por el examen que al efecto encomiende al servicio diplomático.

Artículo 57. El permiso para la exportación temporal de los bienes del Patrimonio Bibliográfico custodiado en las bibliotecas a las que se refiere el artículo 60 de la Ley 16/1985 que no hayan sido objeto de una declaración específica de bien de interés cultural ni incluidos de forma singular en el Inventario General, y cuando dicha salida se efectúe conforme a las reglas y usos aplicables a los préstamos internacionales, se regirá por las siguientes normas:
1.ª La solicitud del permiso se dirigirá al Director general del Libro y Bibliotecas, y en la misma se harán constar los datos suficientes para la identificación del bien, su localización y la finalidad y duración de la salida temporal que se solicita.
2.ª Tendrá carácter prioritario el dictamen de esta solicitud, que podrá efectuarse por la Sección de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación que el Pleno designe con carácter general.
3.ª Por razones de urgencia y a petición razonada de la Entidad solicitante, el Director general del Libro y Bibliotecas podrá resolver sin el previo dictamen de la Junta. La resolución por la que se permita la salida temporal deberá contener las condiciones de retorno y demás garantías que se establezcan para la conservación del bien que se exporta.

TITULO IV
De las medidas de fomento
Artículo 58. 1. En el presupuesto de cada obra pública, financiada total o parcialmente por el Estado, se incluirá una partida equivalente, al menos, al 1 por 100 de los fondos que sean de aportación estatal con destino a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno. Se entenderá cumplida esta exigencia cuando las obras públicas tengan por objeto actuaciones de reparación o conservación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico Español.
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior las siguientes obras públicas:
a) Aquellas cuyo presupuesto total no exceda de 100 millones de pesetas.
b) Las que afecten a la seguridad y defensa del Estado, así como a la seguridad de los servicios públicos.
3. El Organismo público responsable de la obra manifestará en el proyecto de la misma que presente ante el Comité de Inversiones Públicas para la elaboración del Plan Trianual de Inversiones Públicas o al Ministerio de Cultura cuando no se haya presentado el proyecto de la obra a dicho Comité, la opción que elige de las que a continuación se indican, para el destino de los fondos correspondientes al 1 por 100:
a) Financiar trabajos, de conservación o de enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad artística, incluidos en los planes a que se refiere el apartado 4 de este artículo.
 A tal fin se efectuará la correspondiente transferencia de crédito al Ministerio de Cultura en los términos señalados en este artículo.

b) Realizar trabajos de conservación o de enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno, o en cualesquiera de los bienes de interés cultural relacionados con las actividades del Organismo correspondiente.
Para la redacción de los programas y proyectos a que se refiere el párrafo anterior deberá solicitarse la colaboración del Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos que desarrolla las funciones de la Administración del Estado relativas al Patrimonio Histórico Español, o del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en cuanto a sus competencias en las actuaciones sobre el patrimonio arquitectónico y de ingeniería civil a cargo del Estado, sin perjuicio, además de recabar las autorizaciones requeridas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/1985. En todo caso, se dará cuenta al Ministerio de Cultura de los proyectos de estos trabajos y de su ejecución, bien por programas anuales o por cada una de las obras a realizar.
4. El Ministerio de Cultura, oído el Consejo del Patrimonio Histórico, elaborará los Planes Anuales de Conservación y Enriquecimiento del citado Patrimonio y de Fomento de la Creatividad Artística, que serán financiados con los fondos transferidos.
 5. Cuando la opción consista en transferir los fondos al Ministerio de Cultura, el Organismo público responsable de la obra pública remitirá al Ministerio de Economía y Hacienda el correspondiente expediente de modificación de crédito, dentro de los dos meses siguientes a la aprobación del presupuesto de la obra.
 6. La Intervención General de la Administración del Estado no fiscalizará de conformidad propuesta de gasto alguna en tanto no se acredite la retención del crédito preciso para los trabajos a que se refiere el apartado 1 de este artículo, cuando resulte legalmente exigible.
7. Los Servicios, Organismos y Sociedades estatales que no puedan efectuar transferencias de crédito, ingresarán el preceptivo 1 por 100 en el Tesoro Público dentro de los dos meses siguientes a la aprobación del presupuesto de la inversión. Estos ingresos generarán el crédito oportuno a favor del Ministerio de Cultura con destino a la financiación de los trabajos a que se refiere el párrafo 4 de este artículo para lo cual dichos Centros deberán enviar el resguardo complementario para habilitación de crédito al citado Ministerio.

Artículo 59. 1. En las obras públicas que se construyan y exploten por particulares en virtud de concesión administrativa del Estado y sin la participación financiera de éste, se destinará el 1 por 100 del presupuesto total a la financiación de los trabajos previstos en el artículo anterior y con las mismas excepciones.
2. Se hará constar en el contrato de la obra pública la opción elegida por el concesionario de entre las siguientes:
a) Financiar los trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad artística incluidos en los planes a que se refiere el apartado 4 del artículo anterior.
A tal efecto el concesionario ingresará en el Tesoro Público el correspondiente 1 por 100 que generará el oportuno crédito para este concepto del Ministerio de Cultura. Para formalizar el contrato de la obra pública será necesario acreditar este ingreso, aportando el resguardo complementario del ingreso que servirá para la habilitación del crédito.
b) Realizar los trabajos de conservación o de enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno, en los términos previstos en el párrafo b) del apartado 3 del artículo anterior.
El concesionario deberá acreditar ante el órgano concedente al finalizar la correspondiente obra pública, la ejecución de estos trabajos.
En el caso de que no se acredite dicho cumplimiento el órgano concedente, de oficio o a instancia del Ministerio de Cultura, ordenará en el momento de proceder a la devolución de las fianzas, el ingreso en el Tesoro Público, del 1 por 100 a que se refiere este artículo, y el envío del resguardo complementario para habilitación de crédito al Ministerio de Cultura, a efectos del subsiguiente expediente de generación de crédito.

3. Cuando en el contrato no conste alguna de las opciones que anteceden se entenderá que se opta por el ingreso del 1 por 100 en el Tesoro Público, del 1 por 100 a que se refiere este artículo, y el envío del resguardo complementario para habilitación de crédito al Ministerio de Cultura, a efectos del subsiguiente expediente de generación de crédito.
3. Cuando en el contrato no conste alguna de las opciones que anteceden se entenderá que se opta por el ingreso del 1 por 100 en el Tesoro Público, siendo de aplicación lo dispuesto en el apartado 2.a) de este artículo.

Artículo 60. El Ministro de Cultura elevará al Gobierno, cada año, un informe sobre el grado de cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores sobre consignación y destino de este 1 por 100, en el que también dará cuenta de la aplicación de los fondos transferidos al Ministerio de Cultura por este concepto.

Artículo 61. 1. Los inmuebles comprendidos en una zona arqueológica e incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985 tendrá la consideración de inscritos en el Registro de Bienes de Interés Cultural a los efectos fiscales previstos en los artículos 70, 71 y 73 de dicha Ley.
2. Igual consideración y de los mismos efectos tendrán los inmuebles comprendidos en un sitio histórico o conjunto histórico que reúnan las condiciones siguientes:
a) Contar con una antigüedad igual o superior a cincuenta años.
b) Estar incluido en el catálogo previsto en el artículo 86 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985.

Artículo 62. 1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a una deducción de la cuota equivalente al 20 por 100 de las inversiones realizadas en la adquisición de bienes que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, siempre que el bien permanezca a disposición del titular durante un período de tiempo no inferior a tres años, y se formalice la obligación de comunicar la transmisión al Registro General de Bienes de Interés Cultural, conforme a lo establecido en el artículo 21 de este Real Decreto.
2. Asimismo, los gastos de conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de los bienes que cumplan los requisitos establecidos en el apartado anterior, darán derecho a una deducción de la cuota del referido Impuesto del 20 por 100 del importe de los mencionados gastos, en tanto en cuanto no hayan podido deducirse como gastos fiscalmente admisibles a efectos de determinar el rendimiento neto que, en su caso, procediere.
3. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a deducir de la cuota el 20 por 100 de las donaciones puras y simples que hicieren en bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario General, siempre que se realicen en favor del Estado y demás Entes públicos, así como de las que se lleven a cabo en favor de establecimientos, instituciones, fundaciones o asociaciones, incluso las de hecho de carácter temporal para arbitrar fondos, clasificadas o declaradas benéficas o de utilidad pública por los órganos competentes del Estado, cuyos cargos de patronos, representantes legales o gestores de hecho sean gratuitos, y se rindan cuentas al órgano de protectorado correspondiente.
4. La efectividad de las deducciones contenidas en los apartados anteriores requerirá que se cumplan los límites y requisitos previstos en la letra F) del artículo 29 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre (RCL_1978\1936), del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
 

Artículo 63. 1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a deducir de la cuota líquida resultante de minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones por doble imposición, y, en su caso, las bonificaciones a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (RCL_1978\2837), el 15 por 100 de las cantidades que se destinen a la adquisición, conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de bienes que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, con las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo anterior.
La deducción de tales inversiones se ajustará a los requisitos y límites previstos en la normativa del Impuesto sobre Sociedades.
2. En el Impuesto sobre Sociedades se considerarán partidas deducibles, de los rendimientos íntegros obtenidos a efectos de determinación de la base imponible, las donaciones puras y simples de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español y que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario General, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) El donatario será el Estado y demás Entes públicos, o establecimientos, instituciones, fundaciones o asociaciones, incluso las de hecho de carácter temporal para arbitrar fondos, clasificadas o declaradas benéficas o de utilidad pública por los órganos competentes del Estado, cuyos cargos de patronos, representantes legales o gestores de hechos sean gratuitos y se rindan cuentas al órgano de protectorado correspondiente.
b) El importe del donativo, con derecho a ser deducible, no podrá exceder del 30 por 100 de la base imponible del sujeto pasivo que realiza la donación.
c) El donatario no deberá haberse acogido para esta donación a la deducción prevista en el artículo 123 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (RCL_1982\2783 y 2941).
En lo no regulado expresamente en este apartado, se estará a lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
3. A efectos de lo previsto en el apartado anterior y en el apartado 3 del artículo 62, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación efectuará la valoración de los bienes, a instancia del donante y en los términos previstos en el artículo 8 e) de este Real Decreto.

Artículo 64. 1. Están exentas de todo tributo las importaciones de bienes muebles que sean incluidos en el Inventario general o declarados de interés cultural en base a la solicitud de incoación del respectivo expediente presentada por los propietarios o titulares de derechos reales sobre los mismos.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, se aplicarán exclusivamente las exenciones a la importación previstas en el artículo 21 de la Ley 30/1985, de 2 de agosto (RCL_1985\1984 y 2463).
Por lo que se refiere a los derechos arancelarios se aplicará el régimen comunitario de franquicias aduaneras.
3. La solicitud a que se refiere el apartado anterior, que tendrá efectos suspensivos de la deuda tributaria, deberá presentarse ante alguno de los órganos siguientes:
a) Departamento encargado de la Protección del Patrimonio Histórico Español de la Comunidad Autónoma del lugar de residencia del solicitante.
b) Embajada o Consulado de España en el país donde radique el bien cuya importación se pretende.
4. Con carácter general, en el momento de ser presentados los bienes a despacho, los Servicios de Aduanas, a solicitud de los interesados y previa justificación de haberse solicitado la incoación del citado expediente, podrán autorizar despachos provisionales por un plazo de seis meses prorrogable por idénticos períodos con garantía de los derechos exigibles con motivo de la importación, a reserva de la resolución oportuna.

Artículo 65. 1. El contribuyente que pretenda pagar la deuda tributaria del Impuesto de Sucesiones, del Impuesto sobre el Patrimonio o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas mediante entrega de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o en el Inventario General solicitará por escrito a la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Español la valoración del bien, reseñando su código de identificación. Asimismo, manifestará por escrito su pretensión al tiempo de presentar la declaración correspondiente al impuesto de que se trate.

En los casos de los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, dicha manifestación tendrá por efecto la suspensión del procedimiento recaudatorio, sin perjuicio de la liquidación, en su caso, de los intereses de demora correspondientes.
2. La valoración del bien consistirá en su tasación por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación en los términos previstos en el artículo 8 e). Esta valoración tendrá una vigencia de dos años y no vinculará al interesado que podrá pagar en metálico la deuda tributaria.
3. El contribuyente podrá, con arreglo al valor declarado por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación, solicitar del Ministerio de Economía y Hacienda la admisión de esta forma de pago, quien decidirá, oído el Ministerio de Cultura.
4. Aceptada la entrega de un determinado bien en pago de la deuda tributaria se estará respecto al destino del mismo a lo dispuesto en las Leyes del Patrimonio del Estado (RCL_1964\896, 1024 y NDL 23419) y del Patrimonio Histórico Español (RCL_1985\1547 y 2916).
5. A efectos de contabilización del ingreso de las deudas tributarias señaladas en este artículo cuyo pago se efectúe mediante entrega de bienes integrantes del patrimonio histórico español, se habilitará por el Ministerio de Economía y Hacienda, Dirección General del Patrimonio, los créditos presupuestarios necesarios para efectuar el pago de formalización y cancelar las correspondientes deudas.
6. Las referencias de este artículo a los Ministerios de Economía y Hacienda y de Cultura, se entenderán efectuadas a los correspondientes órganos de las Comunidades Autónomas cuando se trate de tributos que les hayan sido cedidos.

Artículo 66. Para disfrutar de la exención del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas prevista en el artículo 6 j) de la Ley 50/1977 (RCL_1977\2406idas Urgentes de Reforma Fiscal para determinados bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, es necesaria la inscripción de los mismos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o en el Inventario General de Bienes Muebles.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-1. Las autoridades competentes para la protección del Patrimonio Histórico Español solicitarán por escrito a los Gobernadores civiles su intervención, siempre que necesiten el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 16/1985 y en especial para la ejecución de los actos previstos en los artículos 25 y 37 de la misma, sin perjuicio de las facultades que en materia de policía correspondan en su caso a las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas y de los procedimientos específicos de coordinación dispuestos al efecto.
2. Se crea en la Dirección General de la Policía el Grupo de investigación para la protección del Patrimonio Histórico Español que, como una Brigada Especial, quedará adscrito a la Comisaría General de Policía Judicial.
Este grupo de investigación actuará en colaboración directa con el Ministerio de Cultura y con los órganos de las Comunidades Autónomas encargados de la ejecución de la Ley del Patrimonio Histórico Español en la investigación y persecución de las infracciones que contra ésta se realicen.
El Ministerio de Cultura en colaboración con el de Interior facilitará al personal integrante del grupo de investigación la formación científica adecuada para el cumplimiento de las funciones que se le atribuyen.
Asimismo, el Ministerio de Cultura participará en los programas de formación básica y de perfeccionamiento que la Escuela General de Policía organice al efecto, a fin de facilitar a los funcionarios que cursen materias relacionadas con la especialidad de policía judicial, los conocimientos precisos para la protección del Patrimonio Histórico Español.
Segunda.-1. Corresponde a la Dirección General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura la gestión de la tasa por permiso de exportación de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español establecida en el artículo 30 de la Ley 16/1985.
2. Para aplicar las tarifas a que se refiere el apartado e) del antedicho artículo 30, se determinará el valor del objeto cuya exportación se permite en base a la declaración de valor efectuada en la solicitud de permiso de exportación, contrastada con la realizada por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación y, en su caso, con el informe de alguna de las instituciones consultivas a que se refiere el artículo 3.2 de la Ley 16/1985 citada, si la Dirección General de Bellas Artes y Archivos estimara oportuno recabar su asesoramiento. Prevalecerá la valoración efectuada por la Junta cuando sea superior a la declarada por el solicitante.
3. La liquidación de esta tasa corresponderá a la Dirección General de Bellas Artes y Archivos quien la practicará mediante las pertinentes notas de cargo que notificará a los obligados al pago en el momento del devengo.
4. Por aplicación directa del artículo 9 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea firmado en Roma el 25 de marzo de 1957, a partir de la entrada en vigor del Acta de adhesión de España (RCL_1986\1 y 2), esta tasa dejará de aplicarse respecto a las exportaciones con destino a Estados miembros de dicha Comunidad.
Tercera.-Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, titulares de bienes declarados de interés cultural o incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles, podrán revalorizar éstos con el límite del valor del mercado, ajustando su tributación a lo dispuesto en el artículo 15.1 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre (RCL_1978\2837), del Impuesto sobre Sociedades.
A efectos de actualización de balances, autorizada por norma fiscal expresa, los referidos bienes serán susceptibles de su revalorización con exoneración de la tributación del incremento patrimonial así puesto de manifiesto.
Se excluye de esta posibilidad de revalorización sin carga fiscal a la realizada sobre elementos o bienes que se integren como activo circulante del titular.
Cuarta.-1. Los propietarios y, en su caso, los titulares de derechos reales sobre bienes de interés cultural deberán permitir la visita pública y gratuita de los mismos a las personas que acrediten la nacionalidad española.
2. Esta visita comprenderá la contemplación de tales bienes, con exclusión, en el caso de inmuebles, de los lugares o dependencias de los mismos que no afecten a su condición de bien de interés cultural. Respecto a su reproducción fotográfica o dibujada se estará a lo que determine el órgano competente para la protección del bien, salvando, en todo caso, los eventuales derechos de propiedad intelectual.
3. La visita a que se refiere esta disposición se permitirá al menos cuatro días al mes y cuatro horas cada día, ambos extremos previamente señalados.
Este horario deberá ser aprobado por el órgano competente para la protección del bien y, en el caso de inmuebles, se hará constar en un lugar visible que sea compatible con los valores artísticos de éstos.
4. El cumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores podrá ser dispensado conforme al artículo 13.2 de la Ley 16/1985.
Quinta.-Previo acuerdo de las Administraciones interesadas, el Consejo del Patrimonio Histórico podrá asumir las funciones de cooperación en la conservación y restauración de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español a que se refiere el párrafo c) del apartado D) del anexo I de los Reales Decretos 3031/1983 (RCL_1983\2690); 3039/1983 (RCL_1983\2701 y RCL_1985\1348); 3040/1983 (RCL_1983\2702; RCL_1984\319 y RCL_1985\921); 3065/1983 (RCL_1983\2707 y RCL_1984\307); 3066/1983 (RCL_1983\2708); 3149/1983 (RCL_1983\2809 y RCL_1985\509); 3296/1983 (RCL_1984\54 y 517); 3355/1983 (RCL_1984\238); 3547/1983 (RCL_1984\674); el párrafo b) del apartado D) del anexo I de los Reales Decretos 3019/1983 (RCL_1983\2669 y RCL_1984\749) y 864/1984 (RCL_1984\1249, 1784), y el párrafo e) del apartado D) del anexo I de los Reales Decretos 3023/1983 (RCL_1983\2673 y RCL_1985\588) y 680/1985 (RCL_1985\1135).

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-1. Para disfrutar de la exención prevista en la disposición transitoria tercera de la Ley 16/1985, los propietarios, poseedores o tenedores de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español comunicarán por escrito la existencia de tales bienes al órgano encargado de la protección del Patrimonio Histórico Español de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial se encuentre ubicado el bien, antes del 19 de julio de 1986.
2. La comunicación que antecede deberá contener, como mínimo, la documentación exigida en el artículo 46.2, de este Real Decreto, señalar la localización del objeto y referirse a los datos histórico-artísticos del mismo, si se conocen.
3. Esta comunicación determinará la exención respecto al bien de cualesquiera impuesto o gravámenes no satisfechos con anterioridad, así como de toda responsabilidad frente a la Hacienda Pública o los restantes órganos de la Administración del Estado por incumplimientos, sanciones, recargos o intereses de demora.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el titular podrá efectuar la declaración del valor del bien mueble durante la instrucción del expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural o de inclusión en el Inventario General que se considerará valor real de aquél a efectos fiscales, hasta la posterior comprobación de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación que señalará el valor del bien, atendiendo al precio de adquisición, salvo que difiera del actual del mercado y con arreglo a lo previsto en el artículo 52 de la Ley General Tributaria (RCL_1963\2490 y NDL 15243).
Las diferencias que se pongan de manifiesto tras la comprobación anterior no supondrán infracción tributaria, sin perjuicio de las obligaciones que puedan producirse en favor del Tesoro y de la liquidación de los intereses de demora correspondientes.
5. El valor definitivamente fijado será considerado como valor de adquisición a los efectos previstos en el artículo 20 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre (RCL_1978\1936), reguladora del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas, y en el artículo 15 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre (RCL_1978\2837), reguladora del Impuesto sobre Sociedades. En este segundo supuesto el contribuyente creará como contrapartida una Cuenta de Reservas que llevará la denominación «Actualización Ley 16/1985, de 25 de junio (RCL_1985\1547 y 2916), del Patrimonio Histórico Español». De esta cuenta solo se podrá disponer en los supuestos y con los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley 9/1983, de 13 de julio (RCL_1983\1502), de Presupuestos Generales del Estado para 1983 y disposiciones que la desarrollan.
Segunda.-La declaración del valor que los titulares presenten en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley 16/1985, ante la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, sobre los bienes muebles que han sido incluidos en el Inventario General en aplicación de la disposición adicional primera de aquélla, será considerada valor real a efectos fiscales hasta la posterior comprobación por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación que señalará definitivamente el valor real del bien.
Lo dispuesto en los apartados 4 y 5 de la disposición transitoria primera será de aplicación a la comprobación y al valor definitivamente fijado del bien.
Tercera.-Los Organismos públicos y los servicios y Sociedades estatales que deban consignar el 1 por 100 a que se refiere el artículo 58 de este Real Decreto, efectuarán la comunicación al Comité de Inversiones Públicas o, en su caso, al Ministerio de Cultura, prevista en el apartado 3 de aquél, dentro de los dos primeros meses del año 1986, en relación con las obras públicas incluidas en los Presupuestos Generales para dicho año.
Cuarta.-1. En tanto por el Registro General de Bienes de Interés Cultural y por el Inventario General no se asigne a los bienes inscritos al correspondiente código de identificación, en las solicitudes de permiso de exportación de estos bienes deberá indicarse la categoría de protección especial en que están incluidos y acompañar éstas de la documentación enunciada en el artículo 46 de este Real Decreto.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será igualmente de aplicación a la notificación del propósito de enajenación de estos bienes prevista en el artículo 40 de este Real Decreto.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Se autoriza al Ministro de Cultura para mediante Orden:
1. Modificar la composición y funciones de los órganos colegiados enunciados en el artículo 10 de este Real Decreto, siéndoles entre tanto de aplicación la normativa vigente.
2. Modificar los extractos de expediente contenidos en el anexo I y ampliar los modelos de los mismos según las necesidades, organización y funcionamiento del Registro General de Bienes de Interés Cultural y del Inventario General, así como modificar los datos recogidos en el anexo 3.
3. Dictar las instrucciones precisas para la confección de las fichas técnicas del Registro General de Bienes de Interés Cultural y del Inventario General para su procesamiento informático que podrán sustituir a los extractos de los expedientes a que se refieren los artículos 14 y 30 del presente Real Decreto.
4. Dictar las instrucciones precisas para la confección de las fichas técnicas relativas al catálogo colectivo y al Censo del Patrimonio Documental.
5. Actualizar las cuantías establecidas en el artículo 9 de este Real Decreto.
Segunda.-Los órganos colegiados a que se refiere el artículo 10 se denominarán en adelante:
a) El Consejo Asesor de Monumentos y Conjuntos Histórico-Artísticos, Junta Superior de Monumentos y Conjuntos históricos.
b) La Junta Asesora de Archivos, Junta Superior de Archivos.
c) La Junta Asesora de Bibliotecas, Junta Superior de Bibliotecas.
 d) La Comisión Nacional para la Conservación del Arte Rupestre, Junta Superior del Arte Rupestre.
Tercera.-Los Ministerios de Cultura, Interior y Economía y Hacienda podrán dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Real Decreto en el ámbito de sus respectivas competencias.
Cuarta.-El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
 Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto, y expresamente las siguientes:
-Real Decreto de 1 de marzo de 1912 (NDL 23156) que aprueba el Reglamento provisional para la aplicación de la Ley de 7 de julio de 1911 (NDL 23155).
-El Decreto de 16 de abril de 1936 (RCL_1936\794 y NDL 23164), modificado por el Decreto 1545/1972, de 15 de junio (RCL_1972\1135 y NDL 23164 nota art. 24), por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley del Tesoro Artístico Nacional.
-Decretos de 9 de marzo de 1940 (RCL_1940\659 y NDL 23164 nota art. 83) y de 19 de abril de 1941 (RCL_1941\784 y NDL 23167), sobre el Catálogo Monumental de España.
-Decreto de 12 de junio de 1953 (RCL_1953\840 y NDL 23176) por el que se dictan disposiciones para la formalización del Inventario del Tesoro Artístico Nacional.
-Decreto de 12 de junio de 1953 (RCL_1953\842 y NDL 23177), modificado por los Decretos de 27 de enero de 1956 (RCL_1956\249 y NDL 23177 nota), y 164/1969, de 6 de febrero (RCL_1969\314 y NDL 23177 nota), sobre transmisión de antigüedades y obras de arte dentro y fuera del territorio nacional.
-Decreto de 22 de julio de 1958 (RCL_1958\1410 y NDL 23182), por el que se crea la categoría de Monumentos Provinciales y Locales, modificado por el Decreto 1864/1963, de 11 de julio (RCL_1963\1557 y NDL 23182 nota Art. 8.º).
-Decreto 287/1960, de 18 de febrero (RCL_1960\317 y NDL 23186), sobre reorganización de zonas del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.
-Las disposiciones relativas al Centro Nacional del Tesoro Documental y Bibliográfico contenidas en la Ley 26/1972, de 21 de junio (RCL_1972\1168), quedando éste subsistente en los términos previstos en el artículo 6 del Real Decreto 565/1985, de 24 de abril (RCL_1985\986), por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y de sus Organismos autónomos.
-Decreto 1116/1960, de 2 de junio (RCL_1960\864 y NDL 23188), sobre exportación de obras de importancia histórica o artística, modificado por el Real Decreto 2101/1979, de 13 de julio (RCL_1979\2182).
-Real Decreto 3030\1979, de 29 de diciembre (RCL_1979\1980 124), por el que se reorganiza la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica y Artística.
-Orden de 15 de febrero de 1980 (RCL_1980\434), sobre visitas gratuitas a Monumentos Históricos y Artísticos.

ANEXO 1 a)

Extracto del expediente de declaración de bienes de interés cultural
INMUEBLES
I. DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE LA DECLARACIÓN (Monumento o Jardín Histórico)
1. Denominación (Si existe o se conoce)
a) Principal.
b) Accesoria.
2. Descripción
a) Inmueble objeto de la declaración.
b) Partes integrantes, pertenencias y accesorios (Ley 16/1985, Art. 11.2).
c) Delimitación del entorno afectado (Ley 16/1985, Art.. 11.2).
 d) Bienes muebles que comprende y constituyan parte esencial de su historia (Ley 16/1985, Art.. 27).
e) Otros datos.
3. Datos histórico-artísticos
a) Época.
b) Autor (Si existe o se conoce).
c) Estilo.
d) Otros datos.
4. Bibliografía (Si existe o se conoce)
5. Estado de conservación
a) Condición.
b) Partes que faltan.
c) Restauraciones realizadas (Si existe o se conoce).
6. Uso
7. Localización
a) Comunidad Autónoma.
b) Provincia.
c) Municipio.
d) Ubicación.
8. Observaciones

II SITUACION JURÍDICA
1. Titular del derecho de propiedad
a) Nombre y apellidos o razón social.
b) Domicilio.
 2. Usuario/s
A) Datos personales:
a) Nombre y apellidos o razón social.
b) Domicilio.
B) Título Jurídico.

III. DATOS ADMINISTRATIVOS
1. Expediente número
2. Incoación del expediente
 a) Fecha de incoación.
b) Fecha de notificación de la incoación.
c) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
d) Fecha de comunicación al Registro General de Bienes de Interés Cultural.
3. Instrucción
 a) Instituciones consultivas que han emitido informe favorable.
b) Fecha y «Diario Oficial» en que se publica la apertura del período de información pública y duración del mismo.
c) Ayuntamiento/s oído/s en el expediente.
d) Fecha de notificación del acuerdo de la Comunidad Autónoma a los interesados sobre procedencia de la declaración.
4. Recursos presentados contra actos del expediente

DOCUMENTOS GRÁFICOS
1. Fotografías.-Cuatro en color tamaño 8 * 12 centímetros (dos de conjunto y dos de detalles característicos del inmueble) y los correspondientes negativos.
2. Plano.-Correspondiente al inmueble y al entorno afectado.
 

ANEXO 1 b)
Extracto del expediente de declaración de: (1)
 I DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE LA DECLARACIÓN
1. Denominación (Si la tiene o se conoce)
2. Localización
a) Comunidad Autónoma.
b) Provincia.
c) Municipio/s.
3. Delimitación
4. Descripción
Con especial referencia a los elementos contemplados en el artículo 15 de la Ley 16/1985.
5. Datos histórico-artísticos
6. Bibliografía (Si la tiene o se conoce)
7. Estado de conservación
8. Observaciones

II SITUACIÓN JURÍDICA (3)
1. Titular/es del bien
a) Razón social.
b) Dirección.

III DATOS ADMINISTRATIVOS
 1. Expediente número
2. Incoación del expediente
a) Fecha de incoación.
b) Fecha de notificación de la incoación.
c) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
d) Fecha de comunicación el Registro General del Bienes de Interés Cultural.
3. Instrucción
a) Instituciones consultivas que han emitido informe favorable.
b) Fecha y «Diario Oficial» en que se publica la apertura del período de información pública y duración del mismo.
c) Ayuntamiento/s oído/s en el expediente.
d) Fecha de notificación del acuerdo de la Comunidad Autónoma a los interesados sobre procedencia de la declaración.

IV. DOCUMENTOS GRÁFICOS
1. Fotografías.-Cuatro en color del tamaño 8 * 12 centímetros (dos de conjunto y dos de detalles característicos del inmueble) y los correspondientes negativos.
2. Plano.-Correspondiente al inmueble y al entorno afectado.
(3) Cuando el titular sea una persona física, utilizar el anexo 1 a) apartado II
 

ANEXO 1 c)
Extracto del expediente de: (1)
BIENES MUEBLES
I. DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DEL EXPEDIENTE
1. Título o denominación (Si existe o se conoce)
a) Principal.
b) Accesoria.
2. Descripción
a) Técnica.
b) Materia.
c) Medidas. 3. Datos h
histórico-artísticos
 a) Autor (Si la tiene o se conoce)
b) Escuela (Si la tiene o se conoce)
 c) Época.
d) Otros datos.
4. Bibliografía (Si la tiene o se conoce)
5. Estado de conservación

a) Condición.
b) Partes que faltan.
 c) Restauraciones realizadas (Si la tiene o se conoce) 6. Localización
 a) Comunidad Autónoma.
b) Provincia.
c) Municipio.
d) Ubicación.
7. Observaciones

II. SITUACIÓN JURÍDICA
1. Titular del derecho de propiedad
a) Nombre y apellidos o razón social.
b) Domicilio.
2. Poseedor/es
A) Datos personales:
a) Nombre y apellidos o razón social.
b) Domicilio.
B) Título jurídico.

III. DATOS ADMINISTRATIVOS
1. Expediente número
2, Incoación
a) Fecha de incoación.
b) Fecha de notificación de la incoación
c) Fecha de publicación de la incoación en el «Boletín Oficial del Estado» (cuando se trate de expediente de declaración de interés cultural).
d) Fecha de comunicación al Registro General de Bienes de Interés Cultural o al Inventario General.
3. Instrucción
a) Instituciones consultivas que han emitido informe favorable (cuando se trate de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural).
b) Fecha de notificación del acuerdo de la Comunidad Autónoma a los interesados sobre procedencia de la declaración o de la inclusión.
4. Recursos presentados contra actos del expediente.
5. Valor económico ( en el caso de que se declare conforme a la disposición transitoria primera de este Real Decreto ).

IV. DOCUMENTOS GRÁFICOS
Dos fotografías en color del tamaño 8 * 12 centímetros (una de conjunto y otra de un detalle característico si el objeto lo requiere para su identificación o, en su caso, del anverso y del reverso) y los correspondientes negativos o reproducciones en el soporte adecuado a la naturaleza del bien.

ANEXO 1 d)
Extracto del expediente de: (1)
MATERIALES ARQUEOLÓGICOS NUMISMÁTICA Y EPIGRAFÍA
I.DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DEL EXPEDIENTE
1. Nombre
2. Descripción
a) Material.
b) Medidas.
c) Técnica de fabricación.
3. Datos histórico-artísticos
a) Cronología.
b) Adscripción cultural.
c) Lugar de hallazgo.
d) Contexto del hallazgo.
e) Otros datos.
4. Bibliografía (Si existe o se conoce)
5. Estado de conservación
a) Condición.
b) Partes que faltan.
c) Restauraciones realizadas (Si existe o se conoce)
 6. Localización

a) Comunidad Autónoma.
b) Provincia.
c) Municipio.
d) Ubicación.
7. Observaciones

II. SITUACIÓN JURÍDICA
1. Titular del derecho de propiedad
a) Nombre y apellidos o razón social.
b) Domicilio.
2. Poseedor/es
A) Datos personales:
 a) Nombre y apellidos o razón social.
b) Domicilio.
B) Título jurídico.

III. DATOS ADMINISTRATIVOS
1. Expediente número
2. Incoación
a) Fecha de incoación.
b) Fecha de notificación de la incoación.
c) Fecha de publicación de la incoación en el «Boletín Oficial del Estado» ( cuando se trate de expediente de Declaración de Interés Cultural).
d) Fecha de comunicación al Registro General de Bienes de Interés Cultural o al Inventario General.
3. Instrucción
a) Instituciones consultivas que han emitido informe favorable (cuando se trate de expediente de declaración del Bien de Interés Cultural).
b) Fecha de notificación del acuerdo de la Comunidad Autónoma a los interesados sobre procedencia de la declaración o de la inclusión.
4. Recursos presentados contra actos del expediente
5. Valor económico (en el caso de que se declare conforme a la disposición transitoria primera de este Real Decreto).

IV. DOCUMENTOS GRÁFICOS
 Dos fotografías en color tamaño 8 * 12 centímetros (una de conjunto y otra de un detalle característico si el objeto lo requiere para su identificación o, en su caso, del anverso y del reverso) y los correspondientes negativos o reproducciones en el soporte adecuado a la naturaleza del bien.

ANEXO 1 e)
Extracto del expediente de: (1)
MATERIALES ETNOGRÁFICOS
I. DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DEL EXPEDIENTE
1. Nombre.
2. Descripción
a) Materia.
b) Medidas.
c) Técnica.
3. Datos histórico-artísticos
a) Cronología.
b) Área de trabajo.
c) Funcionalidad (Indicar si es antigua o actual.)
d) Lugar del hallazgo.
e) Contexto del hallazgo.
f) Otros datos.
4. Bibliografía (Si existe o se conoce)
5. Estado de conservación
a) Condición.
b) Partes que faltan.
c) Restauraciones (si existe o se conoce).
6. Localización
a) Comunidad Autónoma.
b) Provincia.

c) Municipio.
d) Ubicación.
7. Observaciones

II. SITUACIÓN JURÍDICA
1. Titular del derecho de propiedad
a) Nombre y apellidos o razón social.
b) Domicilio.
2. Poseedor/es
 A) Datos personales:
a) Nombre y apellidos o razón social.
b) Domicilio.
B) Título jurídico.

III. DATOS ADMINISTRATIVOS
 1. Expediente número
2. Incoación
a) Fecha de incoación.
b) Fecha de notificación de la incoación.
c) Fecha de publicación de la incoación en el «Boletín Oficial del Estado» (cuando se trate de expediente de declaración de Interés Cultural).
d) Fecha de comunicación al Registro General de Bienes de Interés Cultural o al Inventario General.
3. Instrucción
a) Instituciones consultivas que han emitido informe favorable (cuando se trate de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural).
b) Fecha de la notificación del acuerdo de la Comunidad Autónoma a los interesados sobre procedencia de la declaración o de la inclusión.
4. Recursos presentados contra actos del expediente
5. Valor económico (en el caso de que se declare conforme a la disposición transitoria primera de este Real Decreto).

IV. DOCUMENTOS GRÁFICOS
Dos fotografías en color del tamaño 8 * 12 centímetros (una de conjunto y otra de un detalle característico si el objeto lo requiere para su identificación o, en su caso, del anverso y del reverso) y los correspondientes negativos o reproducciones en el soporte adecuado a la naturaleza del bien.
ANEXO 1 f)
Extracto del expediente de: (1)
(1) Reseñar si se trata de declaración de Bien de Interés Cultural o de inclusión en el Inventario General.

PATRIMONIO DOCUMENTAL: DOCUMENTO UNITARIO

I. DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DEL EXPEDIENTE
1. Denominación
2. Autor (Si existe o se conoce.)
3. Descripción
a) Tipo de soporte material.
 b) Fecha.
c) Referencia al contenido.
d) Características especiales.
4. Datos históricos
5. Bibliografía (Si existe o se conoce.)
6. Estado de conservación
a) Condición.
b) Partes que faltan (Si existe o se conoce.).
c) Restauraciones realizadas (Si existe o se conoce.).
7. Localización
a) Comunidad Autónoma.
b) Provincia.
c) Municipios.
d) Ubicación.
8. Observaciones
 

II. SITUACIÓN JURÍDICA
1. Titular del derecho de propiedad
a) Nombre y apellido o razón social.
b) Domicilio.
2. Poseedor/es
A) Datos personales:
 a) Nombre y apellidos o razón social.
b) Domicilio.
B) Título jurídico.

III. DATOS ADMINISTRATIVOS
1. Expediente número
 2. Incoación
a) Fecha de incoación.
b) Fecha de notificación de la incoación.
c) Fecha de publicación de la incoación en el «Boletín Oficial del Estado» (cuando se trate de expediente de Declaración de Interés Cultural).
 d) Fecha de comunicación al Registro General de Bienes de Interés Cultural o al Inventario General.
3. Instrucción
a) Instituciones consultivas que han emitido informe favorable (cuando se trate de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural).
b) Fecha de la notificación del acuerdo de la Comunidad Autónoma a los interesados sobre procedencia de la declaración o de la inclusión.
4. Recursos presentados contra actos del expediente
5. Valor económico (en el caso de que se declare conforme a la disposición transitoria primera de este Real Decreto).

IV. DOCUMENTOS GRÁFICOS
Dos fotografías en color del tamaño 8 * 12 centímetros o reproducciones en el soporte adecuado a la naturaleza del documento (una de conjunto y otra de un detalle característico si es necesario para su identificación o, en su caso, del reverso) y los correspondientes negativos.

ANEXO 1 g)
 Extracto del expediente de: (1)
(1) Reseñar si se trata de declaración de Bien de Interés Cultural o de inclusión en el Inventario General.

PATRIMONIO DOCUMENTAL:
COLECCIONES
I. DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DEL EXPEDIENTE
1. Denominación
2. Descripción
a) Señalar si es general o especializada. En este último caso indicar la materia o materias.
b) Volumen: Indicar los metros lineales o cúbicos y el número de unidades que comprende.
c) Período a que corresponde la documentación y fechas tope de los documentos que comprenden.
d) Tipo de fondos y documentos especiales que contiene.
3. Datos históricos
4. Bibliografía
(Catálogos de la colección o de parte de sus fondos. Descripciones publicadas) (Si existe o se conoce.).
5. Estado de conservación
a) Condición.
b) Partes que faltan (Si existe o se conoce.)
c) Restauraciones realizadas que afecten al conjunto (Si existe o se conoce.).
6. Localización
a) Comunidad Autónoma.
 b) Provincia.
c) Municipio.

d) Ubicación.
7. Observaciones

 II. SITUACIÓN JURÍDICA
1. Titular del derecho de propiedad
a) Nombre y apellido o razón social.
b) Domicilio.
2. Poseedor/es
A) Datos personales:
a) Nombre y apellidos o razón social.
b) Domicilio.
B) Título jurídico.

III. DATOS ADMINISTRATIVOS
1. Expediente número
2. Incoación
a) Fecha de incoación.
 b) Fecha de notificación de la incoación.
c) Fecha de publicación de la incoación en el «Boletín Oficial del Estado» (cuando se trate de expediente de declaración de Interés Cultural).
d) Fecha de comunicación al Registro General de Bienes de Interés Cultural o al Inventario General.
3. Instrucción
 a) Instituciones consultivas que han emitido informe favorable (cuando se trate de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural).
b) Fecha de la notificación del acuerdo de la Comunidad Autónoma a los interesados sobre procedencia de la declaración o de la inclusión.
4. Recursos presentados contra actos del expediente
5. Valor económico (en el caso de que se declare conforme a la disposición transitoria primera de este Real Decreto).

ANEXO 1 h)
(1) Reseñar si se trata de declaración de Bien de Interés Cultural o de inclusión en el Inventario General.

Extracto del expediente: (1)
PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO: MANUSCRITOS
I. DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DEL EXPEDIENTE
1. Título
2. Autor
3. Descripción
a) Escritura y fecha.
b) Foliación o paginación.
c) Tamaño y disposición.
-Dimensiones y número de columnas y de líneas de la página.
d) Materia.
 e) Ilustración.
4. Características especiales
a) Notación musical.
 b) Anotaciones de interés.
c) Encuadernación.
d) Otras.
5. Datos históricos
6. Bibliografía
7. Estado de conservación
a) Condición.
b) Partes que faltan.
c) Restauraciones realizadas (Si existe o se conoce.).
8. Localización
a) Comunidad Autónoma.
b) Provincia.
c) Municipio.
d) Ubicación.
9. Observaciones
 

II. SITUACIÓN JURÍDICA
1. Titular del derecho de propiedad
a) Nombre y apellido o razón social.
b) Domicilio.
2. Poseedor/es
A) Datos personales:
a) Nombre y apellidos o razón social.
b) Domicilio.
B) Título jurídico.

III. DATOS ADMINISTRATIVOS
1. Expediente número
2. Incoación
a) Fecha de incoación.
b) Fecha de notificación de la incoación.
c) Fecha de publicación de la incoación en el «Boletín Oficial del Estado» (cuando se trate de expediente de declaración de Interés Cultural).
d) Fecha de comunicación al Registro General de Bienes de Interés Cultural o al Inventario General.
3. Instrucción
a) Instituciones consultivas que han emitido informe favorable (cuando se trate de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural).
b) Fecha de la notificación del acuerdo de la Comunidad Autónoma a los interesados sobre procedencia de la declaración o de la inclusión.
4. Recursos presentados contra actos del expediente
5. Valor económico (en el caso de que se declare conforme a la disposición transitoria primera de este Real Decreto).

IV. DOCUMENTOS GRÁFICOS
Una fotografía en color del tamaño 8 * 12 cm o microfilm de 35 mm, y los correspondientes negativos de las siguientes partes del manuscrito:
 -Autor y título, con indicación del folio en que se contienen.
-Inicio y final del texto, con indicación de los folios en que se contienen.
-Textos, suscripciones o colofones en que figuren los datos de localización, fecha o copista, con indicación del folio en que se contienen.

ANEXO 1 i)
(1) Reseñar si se trata de declaración de Bien de Interés Cultural o de inclusión en el Inventario General.

Extracto del expediente: (1)
(1) Reseñar si se trata de declaración de Bien de Interés Cultural o de inclusión en el Inventario General.

PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO: IMPRESOS
I. DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DEL EXPEDIENTE
1. Título
2. Autor
3. Descripción
a) Pie de imprenta.
b) Foliación y paginación.
 c) Dimensiones.
-Formato (para ejemplares de ediciones producto de la imprenta manual).
-Altura y anchura, en centímetros (en los demás casos).
 d) Ilustración.
4. Características especiales del ejemplar
a) Anotaciones manuscritas.
b) Encuadernación.
c) Otras.
5. Datos históricos
6. Bibliografía
7. Estado de conservación
a) Condición.

 b) Partes que faltan.
c) Restauraciones realizadas (Si existe o se conoce.).
8. Localización
a) Comunidad Autónoma.
b) Provincia.
c) Municipio.
d) Ubicación.
9. Observaciones

II. SITUACIÓN JURÍDICA
1. Titular del derecho de propiedad
a) Nombre y apellido o razón social.
b) Domicilio.
2. Poseedor/es
A) Datos personales:
a) Nombre y apellidos o razón social.
b) Domicilio.
B) Título jurídico.

III. DATOS ADMINISTRATIVOS
1. Expediente número
2. Incoación
a) Fecha de incoación.
b) Fecha de notificación de la incoación.
c) Fecha de publicación de la incoación en el «Boletín Oficial del Estado» (cuando se trate de expediente de declaración de Interés Cultural).
d) Fecha de comunicación al Registro General de Bienes de Interés Cultural o al Inventario General.
3. Instrucción
a) Instituciones consultivas que han emitido informe favorable (cuando se trate de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural).
b) Fecha de la notificación del acuerdo de la Comunidad Autónoma a los interesados sobre procedencia de la declaración o de la inclusión.
4. Recursos presentados contra actos del expediente
5. Valor económico (en el caso de que se declare conforme a la disposición transitoria primera de este Real Decreto).

IV. DOCUMENTOS GRÁFICOS
Una fotografía en color; 8 * 12 cm, o microfilm de 35 mm y los correspondientes negativos de la portada y del colofón si lo posee.

ANEXO 1 j)
(1) Reseñar si se trata de declaración de Bien de Interés Cultural o de inclusión en el Inventario General.

Extracto del expediente de: (1)
(1) Reseñar si se trata de declaración de Bien de Interés Cultural o de inclusión en el Inventario General.

PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO: COLECCIONES
 I. DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DEL EXPEDIENTE
1. Denominación
2. Descripción
a) Señalar si es general o especializada. En este último caso indicar la materia o materias.
b) Número de unidades que comprende.
c) Número o porcentaje de fondos correspondientes a cada período cronológico.
d) Reseñar los datos de especial interés bibliográfico o bibliofílico si contiene manuscritos, si éstos son autógrafos, grabados, mapas, materiales fotográficos, ediciones sonoras, publicaciones periódicas, ediciones raras, obras ilustradas, encuadernaciones especiales, ejemplares con anotaciones manuscritas de especial interés, etc.
3. Datos históricos

4. Bibliografía (Catálogos de la colección o de parte de sus fondos. Descripciones publicadas).
 5. Estado de conservación
a) Condición.
b) Partes que faltan (Si existe o se conoce.).
c) Restauraciones realizadas que afecten al conjunto (Si existe o se conoce.).
6. Localización
a) Comunidad Autónoma.
b) Provincia.
c) Municipio.
d) Ubicación.
7. Observaciones

II. SITUACIÓN JURÍDICA
1. Titular del derecho de propiedad.
 a) Nombre y apellido o razón social.
b) Domicilio.
2. Poseedor/es
 A) Datos personales:
a) Nombre y apellidos o razón social.
b) Domicilio.
B) Título jurídico:

III. DATOS ADMINISTRATIVOS
 1. Expediente número
2. Incoación
a) Fecha de incoación.
b) Fecha de notificación de la incoación.
c) Fecha de publicación de la incoación en el «Boletín Oficial del Estado» (cuando se trate de expediente de declaración de Interés Cultural).
d) Fecha de comunicación al Registro General de Bienes de Interés Cultural o al Inventario General.
3. Instrucción
a) Instituciones consultivas que han emitido informe favorable (cuando se trate de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural).
b) Fecha de la notificación del acuerdo de la Comunidad Autónoma a los interesados sobre procedencia de la declaración o de la inclusión.
4. Recursos presentados contra actos del expediente
5. Valor económico (en el caso de que se declare conforme a la disposición transitoria primera de este Real Decreto).

CORRECCIÓN DE ERRORES CON MARGINAL 1986\661
En el párrafo 3 del artículo 24, donde dice: «... a que se refiere el artículo 29, los siguientes», debe decir: «... a que se refiere el artículo 30, los siguientes».

En el párrafo c) del apartado 2 del artículo 63, donde dice: «...El donatario no deberá ...», debe decir: «El donante no deberá ...».
En el anexo 1 d), donde dice: «a) Material», debe decir: «a) Materia».



Real decreto 64/1994 de 21 de enero

 


REAL DECRETO 1-3-1996, núm. 389/1996BOE 15-3-1996, núm. 65, [pág. 10298]

El Museo Naval, creado por Decreto de 28 de septiembre de 1792, así como su Patronato, reorganizado por Decreto de 21 de octubre de 1939 (RCL_1939\1556 y NDL 21832), han venido regulándose por diversas disposiciones cuya refundición en un solo texto legal resulta particularmente aconsejable.

Por otra parte, la Ley 16/1985, de 25 de junio (RCL_1985\1547, 2916 y ApNDL 10714), sobre el Patrimonio Histórico Español, perfiló un nuevo concepto de los museos públicos, en razón de sus funciones sociales y de su debida protección, al tiempo que autorizaba al Gobierno para dictar un Reglamento de Museos de Titularidad Estatal, que fue aprobado por Real Decreto de 10 de abril de 1987 (RCL_1987\1215 y 2289).

La realidad normativa expresada en el último párrafo, a la que deben adecuarse la estructura y el funcionamiento del Museo Naval y de su Patronato, ratifican la necesidad de un texto que regule su desenvolvimiento.

Por todo ello, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación, del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de marzo de 1996, dispongo:

Artículo 1. Definición y misiones.

El Museo Naval es una entidad de titularidad estatal, bajo dependencia orgánica del Jefe del Estado Mayor de la Armada y funcional de la Dirección General de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa. Su misión consiste en adquirir, conservar, investigar, comunicar y exhibir para fines de estudio, educación y contemplación, piezas, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico relacionados con la actividad naval, a fin de difundir la historia marítima de España, contribuir a ilustrar, relevar y salvaguardar sus tradiciones y promover la conciencia marítima nacional.

 

Artículo 2. Patrimonio.

El Patrimonio del Museo Naval está integrado por los objetos, libros y documentos que constituyen su colección estable y depositados en:

 a) El Museo Naval de Madrid.

b) El Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando.

c) Los Museos de las Zonas Marítimas.

d) El Archivo-Museo «Don Alvaro de Bazán», en el Palacio del Marqués de Santa Cruz, de El Viso del Marqués (Ciudad Real).

c) El Museo Marítimo de la «Torre del Oro», en Sevilla.

 f) Todos los fondos de valor histórico-artístico depositados en los centros y dependencias de la Armada.

Artículo 3. Funciones.

Las funciones del Museo serán:

a) La conservación, inventario, catalogación, restauración y exhibición ordenada de sus fondos patrimoniales.

b) Elaborar y mantener actualizado el inventario del patrimonio cultural de la Armada constituido por todas las piezas de valor histórico-artístico que se encuentren en los edificios del Cuartel General, Jefatura del Apoyo Logístico, de las Jefaturas de Zona Marítima, arsenales, bases, residencias y otras dependencias de la Armada.

c) La investigación y la divulgación de la historia marítima.

d) La organización de exposiciones que difundan y enaltezcan nuestro pasado marítimo.

e) La elaboración y propuesta de publicación de catálogos y monografías relativos a sus fondos.

f) El desarrollo de una actividad consultiva y didáctica.

g) Cualquier otra función que estime oportuna el Patronato.

Artículo 4. Organos rectores y asesores.

a) Los órganos rectores son los siguientes:

1.º El Patronato.

2.º La Dirección.

b) Como órgano asesor actuará la Junta de Gobierno.

Artículo 5. Del Patronato.

1. El Patronato es el órgano de alta dirección del Museo Naval y estará constituido de la siguiente forma:

a) Un Presidente, nombrado por el Ministro de Defensa, a propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Armada, oído el Patronato, entre personas de reconocido prestigio.

b) Un Vicepresidente, que será el Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.

c) Vocales natos:

1.º El Duque del Infantado, Almirante de Aragón.

2.º El Marqués de Santa Cruz.

3.º El Duque de Veragua, Almirante y Adelantado Mayor de las Indias.

4.º El Director general de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa (DRISDE).

5.º El Director del Museo Naval.

6.º El Director del Instituto de Historia y Cultura Naval.

7.º Almirantes Jefes de las Zonas Marítimas.

8.º Almirante de la Flota.

d) Vocales por designación:

1.º Un miembro numerario de la Real Academia de la Historia, propuesto por su Director.

2.º Un miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, también propuesto por su Director.

3.º Un representante de la Dirección General de Bellas Artes y de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, a propuesta del Ministro de Cultura.

4.º Y otros que puedan designarse.

e) Un número máximo de cinco Vocales, libremente designados por el Ministro de Defensa, a propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Armada, oído el Patronato entre personas de destacado relieve cultural en temas relacionados con la Marina, la Historia o las Artes.

Los Vocales por designación desempeñarán sus funciones por un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos nuevamente.

Actuará de Secretario del Patronato el Jefe del Area de Apoyo a la Dirección del Museo Naval.

2. Todos los miembros del Patronato lo serán a título honorífico.

3. El Patronato se reunirá, por lo menos, dos veces al año y siempre que lo convoque el Presidente por propia iniciativa o a petición del Director del Museo.

4. El Patronato del Museo Naval tendrá las siguientes funciones:

a) Definir las directrices generales de actuación del Museo.

b) Aprobar el Plan General anual del Museo y la Memoria de actividades.

c) Asesorar sobre los asuntos relativos a los fondos del Museo y analizar las actuaciones de la Institución.

d) Aprobar, en su caso, tanto las alteraciones en la agrupación de las colecciones existentes como las modificaciones que se propongan en el Manual de Organización en el Museo.

e) Fomentar la adquisición de objetos destinados a formar parte de las colecciones del Museo y promover cuantas gestiones sean precisas a tal fin, así como aceptar los depósitos del Museo.

f) Estimular y aceptar las aportaciones, donaciones, herencias y legados de los particulares y de las corporaciones a favor del Museo.

g) Proponer el nombramiento de Presidente y Vocales.

h) Aprobar la designación de benefactores del Museo a las personas que se distingan por sus relevantes servicios a la Institución.

i) Designar individualmente a miembros del Patronato para el desempeño de misiones o cometidos especiales.

Artículo 6. De la Dirección.

a) Será desempeñada por un Oficial General o Superior de la Armada, en cualquier situación militar, nombrado por el Ministro de Defensa, a propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Armada, oído el Patronato.

b) Atribuciones del Director:

1. Tendrá las consideraciones y atribuciones de Jefe de Dependencia de la Armada, además de las que el Patronato estime delegar en él.

2. Podrá relacionarse directamente con las superiores autoridades navales en asuntos de su competencia así como con los departamentos del Ministerio de Defensa responsables de los temas de patrimonio.

3. Con ocasión de hallazgos, informaciones, investigaciones, o adquisiciones, en las que la rapidez y oportunidad sean decisivas, podrá relacionarse directamente con cualquier autoridad o entidad.

c) Sus funciones son:

1. Dirigir y coordinar los trabajos derivados del tratamiento administrativo y técnico de los fondos.

2. Organizar y gestionar la prestación de servicios del Museo.

3. Adoptar las medidas necesarias para la seguridad del patrimonio cultural custodiado por el Museo.

4. Elaborar y proponer el plan anual de actividades relativas a los órganos y áreas del Museo.

5. Redactar y presentar la Memoria anual de actividades del Museo.

6. Elaborar el anteproyecto del presupuesto, la contratación y disposición de gastos y la ordenación de pagos del mismo.

7. Gestionar y administrar las actividades conducentes a la adquisición, acopio, inventario y catalogación, custodia, conservación, investigación, exhibición y divulgación de los fondos propiedad del Museo o en él depositados.

8. Coordinar las labores de reordenación y acondicionamiento de las colecciones expuestas y las almacenadas.

9. Establecer programas de asistencia técnica a los museos integrados en la estructura orgánica del Museo Naval.

 10. Impulsar y formalizar acuerdos de cooperación y colaboración con otros museos e instituciones afines, tanto nacionales como de otros países, así como acuerdos con entidades patrocinadoras para fines concretos.

11. Representar al Museo en sus relaciones con otros organismos, nacionales e internacionales, así como en actos y congresos, pudiendo delegar en alguno de sus colaboradores cuando parezca oportuno.

Artículo 7. De la Junta de Gobierno.

a) Ejercerá permanentemente, además de su principal misión de asesoramiento, las funciones de régimen interior que le asigne el Manual de Organización del Museo.

 b) Estará compuesto por:

1. El Director del Museo, que actuará como Presidente.

2. Los Jefes de Area y el Secretario Técnico.

3. Aquellos conservadores de los museos periféricos y jefes de sección que se considere oportuno.

c) Régimen de funcionamiento:

1. Reunión ordinaria:

Al menos una vez al mes.

2. Reunión extraordinaria:

Cuando lo considere oportuno el Director y preceptivamente una vez al año.

Artículo 8. Areas del Museo Naval.

a) Con objeto de lograr un correcto funcionamiento del Museo conforme a sus fines, su administración y servicios se integran en:

1. Area de Apoyo a la Dirección.

2. Area de Conservación, Investigación y Exhibición.

3. Area de Servicios Generales.

4. Area de Administración de Museos Periféricos.

b) Del Area de Apoyo a la Dirección:

1. Estará a cargo de un Oficial de la Armada designado por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, a propuesta del Director de Museo.

2. Sustituirá al Director en su ausencia.

3. Actuará como Secretario del Patronato y le corresponden las tareas especificadas en el Manual de Organización del Museo.

4. Contará con las siguientes secciones:

1.ª Secretaría.

2.ª Sección Económico-Administrativa.

3.ª Gabinete de Relaciones Públicas y Difusión.

c) Del Area de Conservación, Investigación y Exhibición:

1. Estará dirigida por un licenciado o experto designado por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, a propuesta del Director del Museo, y le corresponderán las tareas indicadas en el Manual de Organización del Museo.

2. Contará con las siguientes secciones:

1.ª Marina mercante de pesca y deportiva.

2.ª Construcción naval.

 3.ª Artes plásticas y decorativas.

4.ª Instrumentos náuticos y científicos.

5.ª Artillería, armas submarinas y armas portátiles.

6.ª Etnología, numismática, textiles y objetos personales.

7.ª Manuscritos y coordinación de archivos.

8.ª Biblioteca.

9.ª Sala de consultas e información bibliográfica.

10. Reprografía.

11. Cartografía.

12. Restauración.

 13. Informática.

14. Archivo fotográfico y de medios audiovisuales.

15. Exposiciones y préstamos temporales.

16. Estudios histórico-navales subacuáticos.

d) Del Area de Servicios Generales:

1. Estará bajo la autoridad de un Oficial Superior de la Armada en cualquier situación militar, designado por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, y desempeñará las tareas que le asigne el Manual de Organización del Museo.

2. Le corresponden las siguientes secciones:

1.ª Seguridad.

2.ª Delineación.

3.ª Talleres.

4.ª Mantenimiento y obras.

5.ª Almacenes y depósitos de publicaciones.

6.ª Sanidad.

e) Del Area de Administración de Organos y Museos Periféricos:

1. Estará a cargo de un Oficial Superior de la Armada en cualquier situación militar, designado por el Jefe del Estado Mayor de la Armada, y le corresponderán las tareas que le asigne el Manual de Organización del Museo.

2. Coordinará y gestionará las actividades de los siguientes órganos y museos periféricos:

1.ª Panteón de Marinos Ilustres.

2.ª Archivo-Museo «Don Alvaro de Bazán».

3.ª Museo Marítimo «Torre del Oro».

4.ª Museo Naval de El Ferrol.

5.ª Museo Naval de San Fernando.

6.ª Museo Naval de Cartagena.

7.ª Y otros que puedan establecerse.

3. Al frente de estos órganos y museos periféricos estarán los conservadores, cuyos» nombramientos y tareas se especifican en el Manual de Organización del Museo Naval.

Artículo 9. Incremento del patrimonio histórico.

Con objeto de incrementar el patrimonio histórico de la Armada, antes de proceder a la venta o subasta del material dado de baja, los responsables, con asesoramiento del Museo Naval, seleccionarán aquel que pueda ofrecer interés para ser incluido en sus fondos.

Artículo 10. Requisitos de las nuevas unidades.

Cuando la Armada contrate la construcción de nuevas unidades, se incluirá en los documentos preceptivos el compromiso de la elaboración y entrega al Museo Naval de un modelo de la unidad y, cuando sea de interés, de algún otro elemento tecnológico, cuyas características se ajustarán en lo posible a los requerimientos de la dirección del Museo.

 Artículo 11. Salida de fondos.

La salida de los fondos para su exposición en otros museos o entidades, así como las visitas, acceso de investigadores, copias, reproducciones y actividades culturales, se realizará según la normativa vigente.

Artículo 12.

En lo no previsto en el presente Real Decreto, el Patrimonio y la Junta de Gobierno se regirán por lo dispuesto para el funcionamiento de los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL_1992\2512, 2775 y RCL 1993\246), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

A la entrada en vigor de este Real Decreto quedan derogadas las siguientes disposiciones:

Orden Ministerial de 21 de marzo de 1936 (RCL_1936\632).

Decreto de 21 de octubre de 1939 (RCL_1939\1556 y NDL 21832).

Decreto de 15 de junio de 1942 (RCL_1942\1044 y NDL 17336).

Decreto de 26 de noviembre de 1948 (RCL_1948\1467 y NDL 1471).

Orden Ministerial de 19 de julio de 1949 (RCL_1949\943 y NDL 21833).

Orden Ministerial de 6 de julio de 1965 (RCL_1965\1287 y NDL 21833 nota).

Orden Ministerial (delegada) número 342/1981, de 30 de noviembre (RCL_1981\3158 y ApNDL 3559).

El Real Decreto 326/1976, de 6 de febrero (RCL_1976\419 y ApNDL 7718), queda derogado en cuanto se oponga a lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ORDEN 21-1-1999, núm. 24/1999

BOE 28-1-1999, núm. 24, [pág. 3976]

RESUMEN: 

Delega competencias en el Director Gerente del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa y en otras autoridades.

TEXTO:

Primero. Dirección y representación legal del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.-A propuesta del Presidente del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa se aprueba la delegación en el Director Gerente del mismo de las siguientes facultades:

a) La representación legal del organismo ante toda clase de organismos públicos y privados, Tribunales y Administraciones Públicas.

b) La Dirección y Jefatura de Personal.

c) La ejecución de los acuerdos del Consejo Rector y de la Comisión Delegada.

d) Proponer las modificaciones pertinentes a los planes urbanísticos elaborados por las Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas.

e) Dictar las resoluciones administrativas procedentes, posteriores a la desafectación ministerial de bienes muebles o inmuebles, y que sean consecuencia de ésta.

f) La adquisición de bienes inmuebles con destino a las Fuerzas Armadas, así como todas aquellas facultades que en materia de enajenación de bienes muebles e inmuebles le atribuye la normativa vigente.

g) Las facultades en materia de indemnizaciones por razón de servicio.

h) La celebración de convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de los fines propios del Organismo, con las distintas Administraciones Públicas, en el ámbito exclusivo de infraestructura.

i) Cuantas facultades le correspondan en materias de contratación y administración, excepto las relativas a armamento y material y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo.

j) Cuantas facultades le corresponden en materias de administración de los créditos del presupuesto del Organismo y del gasto en el ámbito de la gerencia, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria (RCL_1988\1966 y 2287).

k) La administración y disposición de los recursos del Organismo y de su tesorería.

Segundo. Delegación de competencias en materia de contratación.-A propuesta del Presidente del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa se aprueba la delegación de facultades en materia de contratación administrativa en las siguientes autoridades que a continuación se detallan:

Contratos de inversión y mantenimiento de infraestructura, en el:

Director de Infraestructura del Ejército de Tierra,

Director de Infraestructura de la Armada,

Director de Infraestructura del Ejército del Aire, y en el Subdirector General de Planificación de la Dirección General de Infraestructura.

Las autoridades mencionadas quedan constituidas en órganos de contratación del Organismo Autónomo en las materias propias de su competencia con arreglo a los créditos que les asigne dicho Organismo.

Tercero. Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la presente delegación de competencias, indicarán expresamente esta circunstancia, con cita expresa de la presente Orden y del «Boletín Oficial del Estado» de su Publicación.

Cuarto. Mediante acuerdo motivado de la autoridad delegante se podrá avocar el conocimiento y resolución de cualquier asunto comprendido en la presente delegación de competencias. Esta avocación deberá ser puesta en conocimiento del superior jerárquico de la autoridad avocante.

Quinto. La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».



Legislación autonómica
* RD de transferencias a la CA de Murcia 3193/1983 de 26 de oct. BOE 8 dic. 1983
* Decreto 7 de 1984 de 24 de enero B.O.R.M 6 de febrero de 1984
*Decreto 180/1987 de 25 de noviembre de Normativa reguladora de excavaciones arqueológicas de la Región de Murcia

*Modelo de autorización de la Dirección General de Cultura para actuar en yacimientos arqueológicos

*Ley 4/90 de 11 de abril de medidas de fomento del Patrimonio Histórico de la Región de Murcia

*Ley 6/90 de 11 de abril de Archivos y Patrimonio documental de la Región de Murcia

*Ley 7/90 de 11 de abril de Bibliotecas y Patrimonio bibliográfico de la Región de Murcia

*Ley de Museos

*Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El patrimonio histórico de Cartagena

En Cartagena se han hecho
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en matería de patrimonio
histórico en los últimos 30 años....

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...Pero se habría podido hacer
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destruido tanto por ello
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